La congresista Ruth Luque (BDP) busca eliminar el financiamiento público para la defensa privada de “altos funcionarios y de todos los niveles".
A través del PL N° 10642/2024-CR, pretende modificar el numeral “l” del artículo 35 de la Ley del Servicio Civil (N° 30057), a fin de que dichos funcionarios reciban defensa y asesoría legal solo si no pueden asumir dichos costos.
La referida nueva condición es extraída del artículo 2 de la Ley del Servicio de Defensa Pública (N° 29360).
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Luque Ibarra añadió la siguiente disposición para recibir el derecho a la defensa con recursos del Estado: será solo para “las personas que no cuenten con recursos económicos y en los demás casos en que la ley expresamente lo establezca”.
Según el artículo en cuestión, si al culminar el proceso se demuestra responsabilidad del funcionario investigado, este deberá reembolsar el costo de asesoramiento y defensa especializada.
Además, prevé cambiar el artículo 2 de la Ley del Servicio de Defensa Pública para que la defensa legal se aplique “a los funcionarios públicos que lo soliciten, no siéndoles aplicables otros requisitos para acceder al servicio”. Es decir, solo para los que no pueden costearse un abogado.
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La parlamentaria Ruth Luque alega en su exposición de motivos que urge modificar sendas leyes porque se “genera un gasto público” al tener que financiar el Estado la defensa de funcionarios investigados por delitos como corrupción.
“En muchos casos esta figura puede ser utilizada para un manto de blindaje e impunidad frente a la comisión de ilícitos penales”, sostuvo.
Finalmente, Luque recalcó que “personajes” como el censurado ministro Juan José Santivañez o el expremier Alberto Otárola se han beneficiado con este mecanismo de defensa legal con dinero del Estado.
