El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, propuso ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República reducir la cantidad de especialistas requeridos para certificar que un paciente padece una enfermedad grave o terminal, con el objetivo de facilitar el cobro de la deuda social que el Estado mantiene con ellos desde hace varios años.
En la sesión, el congresista explicó que su Proyecto de Ley 06932/2023-CR, orientado al cobro de la deuda social a nivel nacional, propone que sea el médico tratante y no tres especialistas como exige la ley, el que certifique el estado de salud del paciente, además del director del hospital o del centro de salud.
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El parlamentario señaló que en las zonas alejadas y de bajos recursos no hay especialistas disponibles, lo que obliga a los docentes a desplazarse a distintos lugares para poder acceder a ellos.
“El caso concreto es el de Madre de Dios, donde hay un solo cardiólogo, que trabaja solo 15 días en el hospital de la región y los otros 15 días se traslada al hospital de Arequipa”, señaló.
Indicó que son cientos, e incluso miles, los maestros en el Perú que luchan mes a mes y año tras año por acceder al cobro de la denominada ‘deuda social’, establecida por una ley específica que reconocía su derecho a recibir un porcentaje adicional de su salario por concepto de preparación de clases.
“Lamentablemente este derecho no se ha pagado durante años y se ha acumulado lo que se llama ahora la ‘deuda social’ que equivale a miles de millones de soles. El Estado ha generado una serie de criterios para pagarla, y se encuentran establecidas en la Ley 30137”, agregó, al destacar que éstos son incumplibles.
Proyecto busca reducir requisitos médicos para priorizar cobros en casos críticos de salud. Foto: GEC.
Señaló que su proyecto tiene como objetivo permitir que los docentes con derecho al pago de la deuda social puedan acceder a este beneficio presentando una constancia médica, en igualdad de condiciones que los profesores de otras regiones del país.
“Creo que es un proyecto que hará justicia a quienes residen en zonas alejadas y sin recursos y no tienen la posibilidad de contar con especialistas”, anotó.
Mencionó que el Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente 284, ha establecido que la actual exigencia representa una forma de discriminación, ya que impone un requisito prácticamente imposible de cumplir.
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Eduardo Salhuana también indicó que, al analizar el ranking nacional de pagos por la deuda social, su región, Madre de Dios, figura de manera constante en los últimos lugares, con apenas 30, 40 o 50 docentes beneficiados al año, y con cantidades ínfimas de dinero.
Finalmente, resaltó que su propuesta legislativa ha recibido opiniones favorables por parte de varios ministerios, lo que confirma su viabilidad.
