
Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentran en la mira del Congreso tras emitir una resolución que restituye a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, lo que ocasionó una crisis y situación de tensión en el Ministerio Público.
En diálogo con la prensa, el legislador de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Elías Varas, anunció que presentó una denuncia constitucional contra los seis miembros de dicho organismo que votaron a favor de restituir a Benavides en su antiguo cargo.
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Estos son: Gino Ríos (presidente de la JNJ), María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Hugo Chanduví, Germán Serkovic y Cayo César Galindo.
“Definitivamente el fallo resolutivo de la JNJ es un acto ilegal, es un acto inconstitucional y expone a los seis miembros que firmaron este acto resolutivo que vulnera el principio de la Constitución, en el artículo 158 y el Código Penal”, señaló esta mañana el legislador en diálogo con la prensa.
A los seis magistrados se les acusa de presunta infracción constitucional, así como de perpetrar delitos de usurpación de funciones y abocamiento ilegal de proceso en trámite.
A juicio de Varas, la decisión de la JNJ de reponer a Benavides como fiscal de la Nación es ilegal, porque la designación de este cargo solo le compete a la Junta de Fiscales Supremos.
“Estoy pidiendo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que les retire el fuero para que sean procesados a nivel del Poder Judicial. Estoy pidiendo la destitución de estos seis magistrados y espero que la subcomisión por ser un caso de relevancia e importancia nacional lo vea en el plazo más inmediato”, enfatizó.
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PIDE QUE MAGISTRADOS SEAN INHABILITADOS POR 10 AÑOS
En paralelo, el congresista de la Bancada Socialista, Alfredo Pariona, también presentó una denuncia constitucional contra los seis miembros de la JNJ que aprobaron dicha resolución.
En dicha denuncia se solicita la inhabilitación de los seis magistrados por el plazo de 10 años para ejercer cargos públicos, bajo el argumento de una presunta infracción constitucional por su rol en el proceso de restitución de Benavides.
Tanto Varas como Pariona coinciden en que la JNJ ha sobrepasado sus competencias al intervenir en un caso que consideran corresponde al Poder Judicial y al Congreso.
Las denuncias ya están en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá analizar su admisión y, eventualmente, iniciar un proceso sancionador.
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