El congresista de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, presentó un proyecto de ley que busca derogar la norma que otorga amnistía a policías, militares y miembros de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, que fue recientemente promulgada por el Ejecutivo.
De acuerdo con el texto sustitutorio, se busca la derogatoria de la ley N° 32419 debido a que favorece a quienes trasgredieron la ley y violaron derechos humanos.
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“Asimismo, la norma afecta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y también afecta los compromisos que tienen nuestro país con la comunidad internacional en materia de derechos humanos (...) se trata de una norma que deja impunes crímenes sumamente graves”, se advierte en el documento.
Sánchez cuestiona en su propuesta que la ley en mención impida que se denuncie, investigue o se procese a los miembros de las FF.AA. y de la PNP que se encuentren acusados de cometer diversos delitos.
“En realidad, se busca dejar impune, dejar sin castigo, a quienes quebrantaron la ley y cometieron graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país durante el periodo mencionado. Lo cual, incluso implica un agravio los militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa que respetan la ley y cumplen con su deber respetando los derechos humanos”, acotó.
En ese sentido, alertó que, de acuerdo con información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), al menos 900 militares y policías implicados en presuntos asesinatos, torturas y desapariciones de personas durante su participación en el conflicto armado interno podrían librarse de las denuncias y sentencias en su contra.
“Entre los favorecidos con la ley se encuentran los condenados y prófugos por los casos Accomarca, Cayara, Chuschi y Pucayacu, así como uno de los acusados por la masacre de Pichari”, apuntó.
Finalmente, en el texto sustitutorio se precisa que el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías para casos de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que insistió en que mantener vigente dicha ley implicaría desconocer estándares internacionales y debilitar la confianza en el sistema democrático y en las instituciones de justicia.
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FISCALÍA EVALÚA PRESENTAR DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Desde el Ministerio Público buscan presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda para declarar la inconstitucionalidad de dicha norma.
Así lo señaló la fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad, Rosario Quico Palomino, tras precisar que solicitarán formalmente a la titular de la institución, Delia Espinoza, que presente dicho documento.
A juicio de la fiscal, la ley promulgada por el Gobierno es ”jurídicamente inviable".
“Vulnera principios constitucionales esenciales y contraviene obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos”, indicó la fiscal.
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