El congresista Roberto Kamiche Morante (APP) juega sus cartas para que el Legislativo emita la ley que sanciona la mentira en la vida política.
Su proyecto de ley (N° 10650/2024-CR) plantea una serie de modificaciones al Código Penal para que los aspirantes a un cargo político terminen en la cárcel si no cumplen con sus promesas durante la campaña electoral o si recurren a las mentiras para ganar votos.
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Por ejemplo, se aplicará la pena privativa de libertad por no menos de un año ni más de cuatro a los candidatos de una lista electoral “que distorsionen hechos o datos históricos, estadísticos, económicos, científicos o de otra naturaleza” a fin de persuadir al electorado en favor de su candidatura o en contra de otro.
En tanto, es motivo para ir a la cárcel si un funcionario público viola las promesas electorales contempladas en su plan de gobierno o de trabajo para el cual fue elegido o designado y si el incumplimiento se da arbitrariamente y sin justificación. La pena sería de no menos de un año ni mayor de cuatro.
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Finalmente, Kamiche propone que también se prive de la libertad a los funcionarios que empleen la mentira como estrategia: no menos de un año ni más de cuatro tras las rejas.
Según el abogado penalista Andy Carrión, la mentira política planteada es una figura legal novedosa, ya que en el marco jurídico vigente, lo más cercano es la falsedad.
El letrado comenta a Gestión que si bien la iniciativa de Kamiche “tiene un propósito loable”, va a ser “impracticable”.
“La mentira política, como tal, puede implicar en algunas situaciones una distinta perspectiva para apreciar un determinado hecho. Habrán denuncias en contra de todos los candidatos, no necesariamente cuando estos hayan tergiversado la realidad porque la mentira es un concepto muy vago y abstracto en general”, precisó.
