El hacinamiento y la fragilidad en la seguridad de las cárceles ha despertado el interés por enviar a delincuentes de alto calibre a centros penitenciarios de otros países. Fotos: joel alonzo/gec
El hacinamiento y la fragilidad en la seguridad de las cárceles ha despertado el interés por enviar a delincuentes de alto calibre a centros penitenciarios de otros países. Fotos: joel alonzo/gec
Redacción Gestión

En el marco de la lucha contra el y aumento de la delincuencia, las congresistas de la , presentaron un proyecto de ley que plantea que los delincuentes extranjeros y nacionales condenados por delitos graves puedan cumplir sus penas en centros penitenciarios de terceros países.

Esta iniciativa busca “reforzar la cooperación internacional” y “descomprimir el sistema carcelario peruano”.

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Según el proyecto, la medida se aplicaría mediante convenios de cooperación internacional entre Perú y otras naciones, priorizando a aquellos reos vinculados al .

La propuesta tiene como objetivo fundamental salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público, “optimizando al mismo tiempo los recursos del sistema penitenciario nacional”.

Este es el proyecto de ley presentado por Renovación Popular. Fuente: Congreso.
Este es el proyecto de ley presentado por Renovación Popular. Fuente: Congreso.

En su exposición de motivos, las congresistas resaltan la necesidad de impedir que los del país se conviertan en centros de operaciones para mafias delictivas.

“La desarticulación de redes criminales implica también quitarles el control que ejercen desde las cárceles”, indica el documento.

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Además, se detalla que la ley alcanzaría a personas extranjeras y nacionales condenadas por delitos graves que atenten directamente contra la seguridad del Estado, la tranquilidad pública o la convivencia pacífica.

Entre los delitos considerados están el terrorismo, el narcotráfico, la organización criminal, la extorsión agravada, el sicariato y la trata de personas.

Esta propuesta legislativa se enmarca dentro de los esfuerzos para combatir el crimen organizado, mejorar la seguridad pública y reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

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