
El Consejo de la Prensa Peruana advirtió que el proyecto legislativo denominado “Ley Mordaza” tanto a periodistas como a cualquier ciudadano que opine públicamente en redes sociales, exponiéndolos a juicios por difamación o calumnia.
En el programa Cuentas Claras de Canal N, Rodrigo Salazar, director del Consejo, indicó que este proyecto generaría preocupación en la sociedad civil y el periodismo en el contexto político actual
“Lo que yo siempre menciono es que esto no es una ley contra periodistas, es una ley contra cualquiera. Porque tú como ciudadano puedes poner un comentario en redes sociales, en Twitter, en Facebook, y te pueden llevar a ti a un juicio o una querella por difamación, igual que un periodista. Entonces, es un riesgo que recae en todos los peruanos”, indicó Salazar.
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“Cualquier persona, no tiene que ser un periodista, sinceramente, pero es una Ley Mordaza contra todos. De nuevo, si el señor que tiene su bodega, si el señor que es pescador, la señora que trabaja en una fábrica opina en redes sociales, pueden, de alguna manera, denunciarla por difamación o por calumnia. Y hay un montón de este tipo de normativas en el Congreso y en otros espacios”, añadió.
Asimismo, remarcó que, en un contexto de democracia debilitada, los funcionarios buscan protegerse y ven al periodismo como un enemigo.
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“Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer ha admitido una denuncia de la fiscal Marita Barreto contra Willax, porque cubren sobre la fiscal Barreto. El señor Santiváñez ya sabemos que ha puesto una denuncia por reglaje. (…) No les importa porque en un país en cuya democracia está siendo erosionada, una democracia que está más debilitada, se sienten por encima de la ley y el periodista es un enemigo. Y el periodista está aquí para transmitirle a la gente las cosas que son importantes saber”, precisó.
Este proyecto de ley fue aprobado en primera votación con 36 votos a favor, 23 en contra y 22 se abstenciones. Esta propuesta busca modificar el Código Penal, entre otras normas, para incrementar las penas por los delitos de calumnia y difamación, cambiar los plazos para el ejercicio del derecho de rectificación e incorporar el delito de “violación de la intimidad”.
