La Comisión de Constitución del Congreso emitió un informe donde sostienen que la Contraloría no tiene la facultad para sancionar a los parlamentarios que omitan información o brinden datos falsos en sus declaraciones juradas.
La conclusión se da a pesar de que los congresistas están obligados a presentarlas.
Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y miembro de Fuerza Popular, manifestó que el no consignar información verídica en las declaraciones juradas “no está sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría”.
LEA TAMBIÉN: Piden aclarar el origen del dinero usado por Dina Boluarte para pagar cirugías
“La determinación de infracciones y la eventual aplicación de sanciones en estos casos debe regirse por lo que establezca el Reglamento del Congreso de la República, en ejercicio de su autonomía constitucional”, alegó.
El texto sostiene que los parlamentarios están “legal y constitucionalmente obligados” a cumplir con la exigencia de presentar su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio de su gestión y también anualmente y cuando culmine su cargo; y también su declaración jurada de intereses.
Comisión de Constitución restringió labor sancionadora de la Contraloría ante incumplimiento en declaraciones juradas. Foto: difusión /GEC
No obstante, hay una disposición complementaria en la Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la Declaración Jurada de Intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos (Ley N° 31227) en la que indican que el proceso se rige por las disposiciones del Reglamento del Congreso en respeto de su autonomía.
LEA TAMBIÉN: ¿Dina Boluarte puede disolver el Congreso?: Los escenarios y lo que dice la Constitución
La Contraloría tampoco puede sancionar a dichas autoridades —como congresistas— conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Ley N° 27785).
“La determinación de infracciones y la eventual aplicación de sanciones en estos casos debe regirse por lo que establezca el Reglamento del Congreso de la República, en ejercicio de su autonomía constitucional consagrados en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política del Perú”, precisa el texto.
