La Corte Suprema declaró fundado el recurso de apelación presentado por Daniel Salaverry y lo absolvió de la condena de ocho años de prisión e inhabilitación que pesaba en su contra.
Tras la decisión, el expresidente del Congreso afirmó sentirse “tranquilo y contento” por lo que consideró la corrección de una resolución judicial “errónea” que lo afectó durante varios años.
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“Contento por mí, por mi familia, por mis hijos y por las personas que me estiman. Han sufrido conmigo estos años de persecución terrible, que me limitó en muchísimas cosas, no solo políticas, sino empresariales”, señaló a Canal N.
Agregó que siempre confió en que la interpretación fiscal y la sentencia de primera instancia eran equivocadas.
“Gracias a Dios hay jueces honorables y de altísimo nivel que han puesto las cosas en su sitio”, sostuvo.
Salaverry destacó el rol del tribunal que lo absolvió y pidió que decisiones “ajustadas a ley” sean la regla en el Poder Judicial. “No sentencias motivadas por intereses políticos, sesgos o resentimientos”, añadió.
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¿Postulará en 2026?
Con la absolución, quedan sin efecto la condena y los cinco años de inhabilitación que se le habían impuesto. “Recupero todos mis derechos civiles. Podría postular si lo decidiera, pero no tengo previsto ningún cargo a nivel nacional en este momento”, indicó.
Aseguró que su prioridad es “devolver la tranquilidad” a su familia antes de considerar cualquier paso político.
Consultado sobre posibles invitaciones de partidos, respondió que siempre ha habido ofrecimientos, pero que decidió no evaluar nada hasta resolver su situación judicial.
“¿Qué hacía planificando una campaña si podía terminar preso? Era absurdo”, comentó.
Asimismo, descartó cualquier vínculo con Fuerza Popular. “Mis discrepancias son públicas y notorias. Me alejé hace años y no he recibido invitaciones, ni las aceptaría”, afirmó.
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La defensa y los argumentos de la absolución
El exlegislador recordó que desde el inicio presentó documentos que -según afirma- demostraban que los fondos cuestionados no eran viáticos, sino parte del ingreso congresal sujeto a retención de impuesto a la renta, por lo que no correspondía rendición de cuentas.
“Presentamos informes de la Contraloría, documentos administrativos del Congreso, pericias contables y grafotécnicas, y testimonios de exoficiales mayores. Si la Fiscalía hubiera tomado en cuenta esta documentación, esto no habría pasado ni siquiera de una investigación preliminar”, expresó.
Recordó que la denuncia surgió en 2018, “a pocas semanas de renunciar a la bancada de Fuerza Popular”, en un Parlamento con mayoría fujimorista.
“Fue una denuncia tirada de los pelos, avalada luego por el Congreso, que me acusó constitucionalmente”, señaló. Añadió que la Fiscalía continuó con lo que llamó “persecución” hasta la reciente resolución de la Corte Suprema.
