El lunes 31 de marzo comenzará el control de acusación relacionado con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, una presunta organización criminal que buscaba manipular y controlar las instituciones del sistema de administración de justicia en beneficio propio.
La acusación está vinculada a la Carpeta Fiscal 05-2018, conocida como la “carpeta madre”, donde se obtuvieron pruebas clave mediante la interceptación telefónica en tiempo real, debidamente autorizada por el Poder Judicial.
Esta interceptación reveló diversos actos ilícitos asociados a la mencionada organización criminal, dando lugar a las investigaciones que actualmente lidera el equipo especial encargado del caso.
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La Fiscalía Supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales, a cargo del Segundo Despacho en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, concluyó la investigación y presentó una acusación penal contra 46 personas por 11 delitos relacionados con la administración pública y la corrupción de funcionarios.
En total, se han identificado 113 actos ilícitos cometidos por los integrantes de esta organización criminal. La acusación se dirige exclusivamente a aquellos miembros que no cuentan con prerrogativas ni están sujetos a procesos especiales debido a sus funciones.
El proceso penal avanzará ahora a la etapa intermedia de control de acusación, donde se presentarán las imputaciones, se ofrecerán las pruebas que serán utilizadas en el juicio oral, y se solicitarán tanto las penas correspondientes como la reparación civil.
Según la acusación, esta organización criminal se habría formado entre 2009 y 2010 en la Corte Superior de Justicia del Callao con el objetivo de cometer actos ilícitos relacionados con la administración pública y la corrupción.
Durante ese período, César Hinostroza Pariachi, quien ocupaba el cargo de presidente de dicho distrito judicial, habría aprovechado presuntamente su posición para liderar estas actividades ilegales. Actualmente, el exmagistrado enfrenta un proceso en una Fiscalía Suprema.
La red también incluía a funcionarios y empleados del distrito judicial del Callao, junto con empresarios, abogados litigantes y otros particulares que habrían participado en los actos ilícitos.
