
El Poder Judicial volvió a declarar improcedente el recurso de amparo presentado por Patricia Benavides, quien solicitaba ser repuesta en sus cargos de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación.
La jueza constitucional Ana Osorio, del Décimo Juzgado Constitucional de Lima, determinó que no corresponde emitir un pronunciamiento de fondo sobre el caso, pues se aplicó la figura de la “sustracción de la materia”. Es decir, que la controversia perdió objeto al haberse anulado la resolución que motivaba la demanda.
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“La resolución materia de controversia ya no surte sus efectos al haberse declarado su nulidad [...] lo cual constituye la satisfacción, en sede administrativa, de lo pretendido en su demanda”, precisa el fallo judicial.
El pronunciamiento se da luego de que, el 12 de junio, la JNJ declarara nulo el procedimiento disciplinario seguido contra Benavides por una presunta interferencia en una investigación fiscal contra su hermana, la jueza Enma Benavides. En consecuencia, también se dejó sin efecto la sanción de destitución impuesta el 23 de mayo de 2024.
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En la resolución, la magistrada Osorio enfatiza que “no existiría un agravio que se refiera de manera directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos alegados”, ni tampoco una circunstancia que amerite un pronunciamiento sobre el fondo de la demanda. Incluso señala que la propia demandante habría solicitado la aplicación de la sustracción de la materia.
Con esta decisión, la jueza Osorio cumple lo ordenado previamente por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que el pasado 8 de abril anuló una sentencia anterior suya -emitida el 20 de diciembre de 2024-, en la cual también había declarado improcedente la demanda, aunque por considerar que el caso debía resolverse en el fuero contencioso administrativo.
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En su demanda de amparo, Patricia Benavides alegaba vulneración de derechos fundamentales y solicitaba su reposición en los cargos perdidos, así como el reconocimiento de las remuneraciones dejadas de percibir mientras estuvo vigente la sanción de destitución.
La exfiscal de la Nación fue destituida en mayo de 2024, en medio de cuestionamientos por presuntas interferencias en investigaciones vinculadas a su entorno familiar.