El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó abiertamente el proyecto legislativo que plantea imponer hasta diez años de prisión a quienes participen en protestas con el rostro cubierto. Según afirmó, la propuesta desconoce principios básicos del derecho penal y abre la puerta a vulneraciones del derecho a la protesta pacífica.
Gutiérrez remarcó que cubrirse el rostro no constituye un delito por sí mismo, por lo que sancionarlo de manera aislada “sería contrario a los derechos fundamentales y al principio de legalidad”.
“Ponerse una capucha, una chalina o cualquier prenda no puede ser penalizado mientras no se acompañe de un acto violento. No hay que ser efectistas con la medida”, señaló a Canal N.
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El defensor insistió en que el enfoque debe mantenerse en las acciones violentas, no en la forma en que los manifestantes se presentan.
“Si una persona comete un acto vandálico, debe ser sancionada por ese hecho, independientemente de si tenía el rostro cubierto o no”, expresó.
Gutiérrez advirtió que convertir la apariencia en criterio punitivo podría generar desviaciones y abusos, especialmente en un contexto donde la protesta social es un mecanismo legítimo de participación ciudadana. Alertó, además, que normas de este tipo podrían utilizarse de manera discrecional para afectar a manifestantes pacíficos.
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Durante una visita a la central de monitoreo de la Municipalidad de Lima, Gutiérrez destacó el papel del patrullaje aéreo y de las más de mil cámaras instaladas en la ciudad. Dijo que estos sistemas permiten identificar comportamientos violentos en tiempo real, facilitando intervenciones proporcionales sin estigmatizar a quienes protestan de forma pacífica.
Asimismo, informó que la Defensoría del Pueblo ha desplegado equipos en zonas de alta movilización para supervisar el respeto a los derechos humanos y colaborar en la prevención de incidentes.
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Gutiérrez subrayó finalmente que proteger el derecho a la protesta es fundamental para la democracia peruana.
“Estamos aquí no para inhibir la manifestación, sino para asegurar que se realice sin violencia y dentro del marco de la ley”, afirmó.
Finalmente, insistió en que toda respuesta ante delitos cometidos durante movilizaciones debe provenir de investigaciones claras del Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional.
“No combatamos violencia con más violencia. El enfoque debe ser institucional y proporcional”, concluyó.
