La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda de forma urgente los efectos de la nueva ley que permite juzgar como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves.
La norma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el pasado 11 de mayo, generando preocupación en distintas instituciones del país, entre ellas la Defensoría.
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Esta ley modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, e incorpora a los adolescentes mayores de 16 años como imputables, es decir, responsables penalmente. Esto significa que podrían recibir condenas similares a las de un adulto si cometen delitos como sicariato, homicidio calificado, extorsión o violación sexual.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo no solo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma, sino que además pidió una medida cautelar excepcional.
Su objetivo es que el TC suspenda temporalmente la ley mientras se evalúa su legalidad, con el fin de evitar daños “inminentes e irreparables” a los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el Perú.
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La Defensoría advierte que esta ley vulnera varios tratados internacionales firmados por el país, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen medidas especiales de protección para los menores de edad. Además, recuerda que, según la Constitución, estos tratados tienen prioridad sobre las leyes nacionales cuando se trata de derechos humanos.
Por otro lado, la institución señaló que la norma es incompatible con el marco constitucional peruano, ya que deja de lado el enfoque de rehabilitación que debería tener el sistema penal juvenil y, en su lugar, impone un castigo severo sin considerar la etapa de desarrollo de los adolescentes.
