La presidenta Dina Boluarte suma una nueva pesquisa en su contra. En esta oportunidad, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos la investiga por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, según reportó RPP.
A través de la Disposición N°22, emitida por el fiscal Ángel Astocondor, se amplió la investigación que afrontaban Perú Libre y sus dirigentes, entre ellos, Vladimir Cerrón, por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Pedro Castillo en el 2021, y se incorporó como investigado al empresario Eduvigis Beltrán Salinas.
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Al respecto, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, señaló que “no hay evidencia de ningún tipo” en la investigación seguida contra su clienta por el presunto delito de lavado de activos, que respondería a unos supuestos aportes ilícitos durante la campaña de Perú Libre en 2021.
En diálogo con RPP, recordó que Maritza Sánchez, testigo clave en la investigación, afirmó haber organizado una reunión entre Marcela Saldarriaga, quien era asistenta de la mandataria durante la campaña, Beltrán y Boluarte. Es más, dijo que le habían enviado una foto como prueba del encuentro.
Sin embargo, dijo que cuando se le consultó a Sánchez por la agenda donde habría registrado la cita, aseguró que fue robada. Luego, al pedírsele el celular donde supuestamente recibió la imagen, sostuvo primero que no lo tenía, luego que se le perdió y, finalmente, que fue robado, sin haber denunciado el hecho.
Para el abogado, estas contradicciones, sumadas a la ausencia de pruebas concretas, llevaron a la Fiscalía a concluir que no existen evidencias que respalden ni la realización de la reunión ni el presunto aporte económico mencionado.
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Respecto a la citación que le hizo la Fiscalía a Boluarte para que acuda a declarar el próximo 14 de octubre, Portugal confirmó que su clienta cumplirá con dicha convocatoria.
“Por supuesto que sí (acudiremos), hemos espero esto desde el 15 de enero del 2023. Cuando asumí la defensa de la mandataria en mayo del año pasado, vemos que ella había declarado como testigo en este caso, pero no en su condición de investigada. Lo primero que hice fue pedirle al fiscal que la cite como investigada y a la fecha no lo había hecho. De tal manera que si la cita mañana o en octubre, por supuesto que estará la presidenta”, aseguró.
¿DE QUÉ SE LE ACUSA A DINA BOLUARTE?
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el pasado 19 de mayo del 2021 se realizó una reunión en una casona de la avenida Inca Garcilaso de la Vega (también conocida como Wilson), en Cercado de Lima, en la que participaron Boluarte, Sánchez, Saldarriaga y Beltrán.
En dicho encuentro se habría acordado de que el empresario entregara un total de S/ 150,000 para costear los gastos de la “batucada” en el tramo final de la campaña política de la entonces candidata vicepresidencial. Se tenía previsto contratar a un grupo de jóvenes con instrumentos de percusión para realizar el acompañamiento musical en sus actividades proselitistas.
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La entrega del dinero se habría coordinado durante un almuerzo en el restaurante El Hornero y el desembolso, según la investigación, se realizó entre el 19 al 26 de mayo.
“Se tendría que el dinero en mención se habría logrado entregar a Dina Boluarte de manera directa o por intermedio de Marcela Saldarriaga Ortiz, en una fecha que oscila entre el 19 y 26 de mayo de 2021, sin descartarse que el intermediario de la recepción de dicho dinero pueda haber sido otra persona”, se lee en el documento.
En lo que respecta a Beltrán, este habría retirado dicho monto de dinero de su patrimonio o del patrimonio de alguna de las personas jurídicas vinculadas a sus actividades empresariales, por lo que la Fiscalía anunció que realizará una indagación patrimonial que comprenderá el período desde el día 1 al 31 de mayo del 2021.
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