La presidenta Dina Boluarte anunció que el 12 de abril del 2026 se celebrarán las elecciones generales, en donde los peruanos escogeremos al presidente, así como a los diputados y senadores.
A través de un mensaje a la nación, la mandataria sostuvo que dicha fiesta electoral representará el fin de la “inestabilidad” que en los últimos años se tradujo en el incremento de la inseguridad y polarización social tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
Además, sostuvo que las elecciones del 2026 serán “democráticas, limpias, transparentes y ordenadas”. Para dicho fin se brindarán los recursos necesarios al Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec.
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En ese sentido, Boluarte Zegarra señaló que se va a respetar el voto ciudadano y se entregará el mando a quien resulte ganador.
“Vamos a asegurar una jornada electoral con todas las garantías que la democracia se merece (...) El gobierno que dirijo asume el compromiso de mantener absoluta neutralidad e imparcialidad para que los resultados de este proceso electoral sean incuestionables”, refirió la jefa de Estado.
Elecciones 2026: ¿El Congreso podrá aprobar más leyes para los próximos comicios?
El especialista en temas electorales, José Villalobos, comentó a Gestión que tras la convocatoria a elecciones generales del 2026 el Congreso todavía podrá aprobar leyes hasta el 12 de abril de este año —último día que tenía Dina Boluarte para dar el anuncio—.
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“Todavía podrán inscribirse partidos hasta ese día (12 de abril del 2025)”, refirió.
Villalobos señaló que tras la convocatoria a las elecciones generales del 2026 queda prohibido la publicidad estatal salvo en casos de utilidad y necesidad pública, ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizará que en dichos anuncios no figuren los rostros ni nombres de los funcionarios, así como los colores y eslogan de los partidos.
Por su parte, el también especialista en temas electorales José Naupari, mencionó a Canal N que las autoridades deberán actuar, “con mayor razón”, con neutralidad a fin de evitar favorecer a un determinado partido político y no infringir el Código de Ética en la función pública.
