La presidenta Dina Boluarte se encuentra en la mira del Ministerio Público. En menos de 48 horas, la institución que lidera Delia Espinoza presentó ante el Congreso de la República cinco denuncias constitucionales en su contra por diversos casos.
Esto, en medio de la evaluación que realiza el Tribunal Constitucional (TC) de la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo contra la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, que busca limitar las investigaciones abiertas contra la jefa de Estado.
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Las cinco denuncias fueron ingresadas entre el jueves y viernes de la última semana: tres de ellas están referidas a presuntos hechos cometidos por Boluarte en calidad de presidenta y dos corresponden a hechos anteriores a su asunción en el cargo.
Estas son: muertes y heridos por las protestas en contra del Gobierno, presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en el marco del caso Rolex, colusión agravada en el caso Qali Warma, encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón (caso ‘Cofre presidencial’) y omisión de funciones y abandono del cargo a raíz de sus operaciones estéticas.
Todas estas denuncias serán evaluadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que registra un antecedente que no dejará contento al Ministerio Público.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó cinco denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte en menos de 48 horas. (Foto: Ministerio Público)
EL ANTECEDENTE DEL CASO ROLEX: ¿LAS DENUNCIAS SERÁN ARCHIVADAS?
En abril pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia contra la jefa de Estado por el caso ‘Rolex’. La Fiscalía le imputó el presunto delito de cohecho pasivo impropio por recibir relojes Rolex y joyas del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, presuntamente a cambio de entregar un mayor presupuesto a su región.
Sin embargo, el grupo de trabajo que lidera María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), aprobó por mayoría el informe realizado por la legisladora fujimorista Nilza Chacón, que recomendaba mandar al archivo dicha denuncia. La Comisión Permanente aún no ratifica el sentido de la votación.
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En su informe, Chacón argumentó que Boluarte solo puede ser acusada durante su mandato en los supuestos contemplados en el artículo 117 de la Constitución (traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso o no convocar a elecciones en los plazos establecidos), por lo que determinó que formular una acusación fuera de estos supuestos vulneraría el principio de legalidad y constituiría una infracción constitucional.
Es más, la legisladora pidió que el Parlamento evalúe si la Fiscalía de la Nación habría vulnerado la Constitución al presentar dicha denuncia contra la mandataria.
¿Este antecedente podría ser usado para mandar al archivo estas cinco denuncias? En diálogo con Gestión, el expresidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda, consideró que es muy probable que sean archivadas temporalmente, tal como ocurrió con la denuncia en el marco del caso Rolex.
“Lo que tiene que hacer la subcomisión es, en primer lugar, admitir las denuncias y, posteriormente, archivarlas temporalmente, porque ni siquiera puede iniciar un procedimiento en el sentido de escuchar al abogado de la presidenta, quien no puede ser acusada en el sentido extenso de la palabra durante su mandato. Allí no caben interpretaciones”, aseveró.
El constitucionalista recalcó que esto no significa impunidad, al recordar que Boluarte de todas maneras será procesada al final de su mandato y ahí se establecerá su inocencia o culpabilidad.
En ese sentido, cuestionó la postura adoptada por la Fiscalía, al considerar que está actuando con un criterio “más político que jurídico”.
“No tiene sentido en este momento presentar una acusación constitucional o varias acusaciones constitucionales contra la presidenta, porque el Congreso no puede darle mayor trámite, salvo ordenar el archivo temporal de los casos”, acotó.
Por su parte, el abogado constitucionalista Luis Roel consideró que lo correcto es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente puedan investigar los hechos planteados en las denuncias, pero recalcó que sus conclusiones no pueden ser debatidas ni aprobadas en el Pleno porque estarían infringiendo la Carta Magna.
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“Cuando ya se lleve la acusación constitucional ante el Pleno, como tal, ahí debe suspenderse el debate hasta que la presidenta deje su cargo y ya el nuevo Parlamento debe reanudar el tema y determinar si se levanta el fuero o inhabilitarla por hasta 10 años”, señaló a RPP.
El Congreso deberá decidir si investiga las cinco denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía o las manda al archivo. Foto: Congreso.
EL FACTOR TC: CASOS PODRÍAN QUEDAR CONGELADOS HASTA AGOSTO DEL 2026
La presidenta del TC, Luz Pacheco, adelantó que a fines de este mes su institución dará su veredicto final respecto a la demanda competencial presentada por el Ejecutivo en torno a las investigaciones que enfrenta la presidenta.
Al respecto, Álvarez Miranda consideró que lo lógico sería que el TC mantuviera su posición en el sentido de que al jefe de Estado sí se le puede investigar solo en una etapa preliminar y el caso no puede pasar a una fase preparatoria, tal como busca actualmente el Ministerio Público.
“Esto es recoger todos los testimonios, los medios probatorios, los indicios que hablen de la existencia del delito y de la responsabilidad individual de quien ejerce la presidencia. Ingresar a la etapa preparatoria ya prácticamente significaría desconocer el mandato de la Constitución, porque implicaría que el presidente en funciones tendría que defenderse y dedicar todo su tiempo a un tema judicial”, manifestó.
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En ese sentido, advirtió que en caso el TC acogiera esta postura en su veredicto todos los casos en los que está investigada Boluarte, como el ‘Cofre presidencial’ y ‘Rolex’, quedarían congelados o archivados temporalmente hasta agosto del 2026.
“Es vital, todos estamos esperando que el TC resuelva este tema cuanto antes (...) sería endeble si el fallo no se da con una mayoría sustancial. Que se dé una respuesta jurídica fuerte a la ciudadanía, que demanda respuestas”, apuntó.
Para Roel, el organismo constitucional está en una encrucijada, porque tiene que hacer una interpretación coherente, sistemática y unitaria de la Constitución respecto hasta dónde llegan las funciones de la Fiscalía y el Poder Judicial en torno a las investigaciones contra la presidenta.
“El TC no solo va a fijar una posición sobre casos anteriores que ya han sido resueltos por el Congreso, sino por los casos en trámite de Boluarte y casos a futuro. Es trascendental lo que decida el organismo constitucional en este proceso competencial, mas aún cuando tendrá que decidirlo con una mayoría calificada (5 de 7 votos como mínimo)”, sostuvo.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
