La presidenta Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de un audio y un correo electrónico que agravarían aún más su situación judicial en el marco de la pesquisa que afronta por el presunto delito de abandono del cargo. Esto, debido a una operación quirúrgica que se practicó en el año 2023 y que habría ocasionado su ausencia en sus funciones por unos días, sin haber pedido autorización del Congreso de la República.
La semana pasada, Cuarto Poder difundió un audio en el que se escucharía a la exasistenta de Boluarte, Patricia Muriano, asegurar que la operación a la nariz a la que se sometió la mandataria fue estética.
Esto, a pesar que desde el propio Ejecutivo insisten en que dicho procedimiento fue por una urgencia médica.
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En el audio también se habla de un supuesto pago de favores al médico Mario Cabani, quien habría intervenido quirúrgicamente a la mandataria. Se infiere gratuidad y que este habría falsificado la historia clínica de Boluarte.
“De una u otra manera tenían que pagarle el favor a (Mario) Cabani. No, no le cobraba pues (…) ni siquiera hay historia clínica. Esa historia clínica es falsa”, habría enfatizado Muriano.
El correo de Cabani y el presunto intercambio de favores
Eso fue solo el inicio. El viernes pasado, el semanario Hildebrand en sus Trece reveló que, tras conocerse los audios de Muriano, Cabani y sus abogados empezaron a colaborar con la Fiscalía y entregaron un paquete de documentos con registros y detalles de las operaciones estéticas practicadas a la mandataria, que ya habrían sido resguardadas y lacradas.
En total, Boluarte se habría realizado cinco intervenciones estéticas: rinoplastia, relleno de surcos nasogenianos, hilos tensores, abdominoplastia y blefaroplastia interior. La jefa de Estado habría ingresado al local de la clínica Cabani, ubicada en la avenida Guardia Civil (San Borja) en horas de la noche del pasado 28 de junio del 2023 y se retiró del recinto dos días después.
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Desde la clínica habrían admitido que no cuentan con facturas de las operaciones ni la historia clínica de la mandataria, ya que ella se la habría llevado.
La exasistenta de Dina Boluarte, Patricia Muriano, habría confirmado en un audio que la mandataria se habría sometido a una operación con fines estéticos.
Además, Cabani, según informó el semanario, habría entregado a la Fiscalía unas copias de las cartas notariales enviadas a la presidenta, en el que le exigen el pago por las operaciones; sin embargo, desde el Ministerio Público sospechan que el médico estaría utilizando esta estrategia para neutralizar la hipótesis de que habría colocado a dos personas de su confianza en el Seguro Social de Salud (EsSalud) y Sedapal, a cambio de las intervenciones estéticas.
Los fiscales también tendrían en su poder un correo electrónico enviado por Cabani a Muriano en el que le exigiría puestos en el Estado. El mensaje, titulado como ‘Botox’, habría sido remitido el pasado 3 de agosto del 2023; es decir, un mes después de las cirugías.
El médico habría solicitado puestos para sus allegados en EsSalud, en el hospital Edgardo Rebagliati, Promperú y en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a cambio de las operaciones.
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Tanto el premier Gustavo Adrianzén como el ministro de Justicia, Eduardo Arana, negaron cualquier intercambio de favores entre la presidenta y Cabani, así como negaron la validez de este correo electrónico; sin embargo, no explicaron cómo la jefa de Estado pagó sus intervenciones quirúrgicas.
¿Cuáles son los delitos que se imputarían a Boluarte y Cabani?
En diálogo con Gestión, el abogado penalista Andy Carrión advirtió que de corroborarse la autenticidad del audio atribuido a Muriano y el correo presuntamente enviado por Cabani la presidenta podría ser investigada por tres nuevos delitos en este caso: cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
“Para el delito de cohecho no se requiere la materialización de la contraprestación. En el supuesto de que ella (Dina Boluarte) haya sido intervenida quirúrgicamente y que ahí le prometió a Cabani que colocaría a su gente en el Estado, solo con la promesa basta para la configuración del delito”, indicó tras precisar que dicho delito es castigado con una pena de entre 5 a 8 años de prisión efectiva.
Añadió que a esto se sumaría un posible tráfico de influencias, al recordar que la mandataria no es la única que decide las designaciones en el Estado, ya que existen unos mediadores: viceministros, gerentes generales, entre otros.
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En cuanto a la obstrucción de la justicia, Carrión agregó que la mandataria puede ser investigada por impedir que la Fiscalía tenga acceso a su historia clínica, que se encuentra en su poder. “Este delito sanciona a aquellas personas que, de manera directa o indirecta intentan sustraer de la persecución de la justicia a una persona u objeto materia de la investigación; en este caso, ese documento”, dijo tras precisar que dicho delito es castigado con penas que van desde los 3 a 5 años de prisión efectiva.
El médico cirujano Mario Cabani entregó a la Fiscalía la documentación sobre las operaciones de Dina Boluarte.
El abogado penalista consideró que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no debería generar una nueva investigación, sino ampliar la ya iniciada por presunto abandono del cargo e incluir inicialmente estos tres delitos. Luego de ello, deberá enviar copias a las fiscalías ordinarias competentes a fin de que se puedan incluir a más personas en la indagación.
Una de esas personas es el propio Cabani. Para Carrión, el médico podría ser investigado por cohecho activo, ya que no pue solicitar favores a un funcionario público, y tráfico de influencias, al haber intermediado por sus allegados ante el Ejecutivo para que sean designados en algún puesto en el Estado.
Al ser consultado por su supuesta estrategia (enviar cartas notariales al Gobierno para exigir el pago por las operaciones), recordó que en el ámbito penal existe un análisis global de los indicios, que demostrarían que sí hubo un intercambio de favores.
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“Por un lado tienes a Muriano, quien da detalles de la operación y desliza la idea de que fueron gratuitos, también tienes un correo de Cabani dirigido al Gobierno y tienes a médicos que ahora forman parte de la función pública. Entonces, la valoración global de los hechos apuntan a que, en rigor, nunca hubo una contraprestación monetaria sino un intercambio de favores”, acotó tras señalar que el hecho de que el galeno haya enviado esas cartas notariales se trata de una “cuartada”.
La compra de un equipo bajo investigación, ¿alcanza a Boluarte?
Carrión añadió que la Fiscalía podría evaluar abrir investigación a la jefa de Estado por otros delitos menos gravosos, como un presunto hurto y falsificación de documentos.
Esto, debido a que Boluarte no solo habría ordenado alterar su historia clínica, tal como lo denunció Muriano, sino que se habría adueñado del documento legítimo, tal como indicaron desde la clínica Cabani.
“El intento de manipular las historias clínicas podrían constituir el delito de falsedad o falsificación de documentos, dependiendo de que si ella (Dina Boluarte) personalmente lo ha intentado hacer. Por otro lado, también podemos hablar de posible hurto, porque entiendo de que esas historias clínicas ya no están en el poder de la propia clínica, sino los tiene la propia presidenta”, enfatizó.
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Hildebrand en sus trece también reveló que la Fiscalía investiga la compra de un costoso equipo por parte del Despacho presidencial el mismo día de la intervención de Boluarte. Dicho equipo de magnetoterapia, que sirve para tratar el dolor y las inflamaciones, habría sido adquirido a JP Rehab S.R.L. por un monto de S/ 12,500, junto a otros objetos para hacer gimnasia.
Sobre esta adquisición, el experto consideró que habría que determinar si Boluarte dio la orden o no para determinar su presunta responsabilidad penal. De corroborarse este escenario y que la máquina habría sido usada con otros fines distintos, estaríamos ante los delitos de peculado y malversación de fondos.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
