La Comisión Permanente del Congreso decidió cerrar la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el llamado “caso Rolex”. Esto, a pesar de la críticas del Ministerio Público.
Con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, el grupo de trabajo aprobó la semana pasada dejar sin efecto la denuncia constitucional presentada en su momento por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.
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Al respecto, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, negó cualquier blindaje a la jefa de Estado al señalar que su institución no ha declarado su inocencia y que las denuncias en su contra se reactivarán en julio del 2026.
“No hay ninguna declaratoria de inocencia. No hay archivamiento. Por consiguiente, en el momento que la presidenta deje ese cargo; es decir, en julio del 2026, las denuncias se activarán y se realizarán las investigaciones correspondientes”, señaló esta tarde en conferencia de prensa.
Al ser consultado por el pedido de la Fiscalía para que la Comisión Permanente pueda reconsiderar su decisión, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) consideró que “jurídicamente es improcedente”; sin embargo, dijo que dicho grupo de trabajo tendrá la última palabra.
“Lo que aquí hay una confusión en cuanto a la aplicación del artículo 117 de la Constitución. En este artículo se señala que los presidentes de la República son procesados cuando terminan su mandato y hay cuatro excepciones, pero ninguna están contempladas en la denuncia de la Fiscalía”, aseveró.
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RESPALDA DESIGNACIÓN DE GUSTAVO ADRIANZÉN EN LA ONU
En otro momento, Salhuana respaldo la reciente designación del expremier Gustavo Adrianzén como representante del Estado peruano ante la ONU, pese a las críticas desde diversos sectores.
El legislador recordó que el extitular de la PCM, quien renunció a su cargo para evitar ser censurado por el Parlamento, se desempeñó como representante del Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, entre febrero del 2023 hasta marzo del año pasado, por lo que consideró que tiene experiencia.
“Ha sido primer ministro de la República del Perú, o sea, ha ocupado el cargo administrativo más alto luego de la presidenta de la República. Por consiguiente, creo que tiene la suficiente experiencia para desempeñarse con idoneidad en este cargo tan importante”, recalcó.
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Sobre la Ley N° 32135, que obliga a los medios de comunicación ceder el 10 % de su programación para difundir una franja educativa contra la violencia contra la mujer y la familia, Salhuana precisó que el reglamento de dicha norma será clave para garantizar una correcta implementación de la misma.
En ese sentido, aclaró que ninguna ley es inmodificable y que toda norma puede ser revisada bajo el escrutinio público.
Según dijo, la finalidad de la ley es promover mensajes de prevención contra la violencia familiar, no intervenir en los contenidos de los medios de comunicación.
Si bien reconoció que existen temores legítimos sobre una posible imposición de contenidos, remarcó que dichos aspectos pueden corregirse o regularse en el proceso reglamentario.
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