Un día después del anuncio de la presentación de una iniciativa para crear la “Ley de Soberanía Nacional”, el Gobierno de Dina Boluarte formalizó la creación de un grupo de trabajo temporal encargado de dicha propuesta legislativa.
A través de la Resolución Ministerial 01047-2025-DE, publicada esta mañana en el Diario Oficial El Peruano, se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial con el objetivo de formular una propuesta de proyecto de Ley de Soberanía Nacional.
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Dicho grupo de trabajo estará bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa y tendrá 60 días de plazo para realizar su labor.
Estará integrado por representantes de los sectores Defensa (como su presidente), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Cancillería, Interior, Justicia, así como por miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.), Ejército, Marina y Fuerza Aérea.
Todos sus miembros ejercerán su cargo ad honorem y deberán “analizar el marco normativo relacionado a la soberanía nacional” y formular una propuesta de proyecto de ley.
Cabe precisar que el grupo de trabajo tiene un plazo de 10 días para instalarse y 60 días hábiles para entregar su iniciativa e informe final al ministro de Defensa, Walter Astudillo.
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¿QUÉ DIJO DINA BOLUARTE?
El último miércoles, la presidenta Dina Boluarte anunció que el gobierno está preparando un proyecto de ley de la soberanía nacional, con el propósito de otorgar el marco jurídico normativo que permita su defensa, en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución.
“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes”, aseguró.
Durante la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional, precisó que el Ejecutivo no va a permitir que “organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”.
“Ante ello, bajo el marco constitucional se requiere de una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea de modo que el Perú afirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino”, sostuvo.
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