
El Gobierno se pronunció oficialmente sobre la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público, tras la disputa por el cargo de fiscal de la Nación entre Patricia Benavides y Delia Espinoza. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, expresó la preocupación del Ejecutivo por el impacto que este conflicto tiene sobre la institucionalidad democrática, y rechazó enfáticamente que exista algún intento de intervención política desde el Gobierno.
“Esta es una situación que viene afectando la democracia, la institucionalidad y, sobre todo, el sistema de justicia”, sostuvo Arana en conferencia de prensa.
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Agregó que el Ejecutivo considera fundamental que este conflicto se resuelva “rápidamente y dentro del marco de la ley”, y que debe primar “el respeto a la Constitución”.
Además, el jefe del Gabinete Ministerial fue enfático al señalar que no existe intención de intervenir en los organismos autónomos. Incluso, ofreció a la PCM como espacio para el diálogo institucional.
“Rechazamos cualquier intervención del Ejecutivo en esta crisis. También debemos expresar que no existe de nuestra parte un interés en afectar la institucionalidad de los organismos constitucionales y autónomos”, afirmó.

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El ministro del Interior, Carlos Malaver, respaldó las declaraciones del premier y aseguró que la Policía Nacional del Perú está cumpliendo su rol de garantizar la seguridad en todas las sedes fiscales del país.
“Apelamos a una solución muy pronta. Respecto a las comunicaciones en redes sociales que afirman que el sector Interior había negado algún accionar, estas no son del todo ciertas”, precisó.

“La Policía Nacional del Perú apoya con el uso de la fuerza pública a las diversas instituciones que la soliciten dentro del marco normativo de la Constitución y las leyes. Eso está plenamente garantizado”, agregó.
Refuerzan seguridad en los locales del Ministerio Público
Malaver también confirmó que se ha reforzado la seguridad en los locales del Ministerio Público para prevenir alteraciones del orden y proteger a los trabajadores y ciudadanos.
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La crisis fiscal ha generado alarma entre juristas, gremios y observadores internacionales por sus posibles efectos en el sistema de justicia penal, incluyendo casos emblemáticos como Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto.
“El mensaje del Gobierno es claro: el conflicto debe resolverse por las vías institucionales y con respeto irrestricto al Estado de derecho”, concluyó Arana.