Marisol Pérez Tello, Miguel del Castilo y Marco Zeballos, integrantes del partido Primero La Gente. Foto: Facebook Primero La Gente
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Redacción Gestión
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A menos de un año para las , una nueva controversia sacude el escenario político peruano. Una investigación ha revelado que el partido “Primero la Gente, comunidad, ecología, libertad y progreso” habría falsificado más de 4,000 firmas para completar su proceso de inscripción ante el .

Según el testimonio de un operador de firmas fraudulentas en Lima Centro, la organización cobraba alrededor de seis soles por cada ficha falsificada, informó Punto Final.

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El informante señaló directamente a Miguel Ángel del Castillo Reyes —fundador del partido e hijo del excongresista Jorge del Castillo— y a Marco Antonio Zevallos Bueno, personero legal de la agrupación, como los principales coordinadores en la recepción y financiamiento de los padrones adulterados.

Actualmente, Primero la Gente mantiene una sede en el distrito de Barranco. Aunque inicialmente contó con figuras públicas como y Flor Pablo -quienes luego se desvincularon-, el partido sostiene a la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello como su posible candidata presidencial. Cabe señalar que Pérez Tello no participó en la fundación de la organización.

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Resultados de la investigación

Con la colaboración de un programador, los investigadores accedieron de manera automatizada al . De una muestra de 6,000 números de DNI verificados, 4,039 correspondían a afiliaciones registradas mediante formularios fraudulentos.

Adicionalmente, un sondeo realizado en 14 distritos de Lima recogió testimonios de 120 presuntos militantes de “Primero la Gente”, quienes negaron haberse afiliado o firmado ficha alguna para dicho partido.

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Implicaciones para el sistema electoral

El caso pone nuevamente en tela de juicio la transparencia en los procesos de inscripción de partidos políticos en el Perú, un tema de alta sensibilidad en el contexto preelectoral.

Con esta denuncia, Primero la Gente se suma a la lista de organizaciones investigadas por presuntas irregularidades en su registro.

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