La situación jurídica de la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en el Perú, se encuentra en el limbo. La noche del último sábado, la encargada de negocios de dicho país, Karla Tatiana Ornelas Loera, abandonó el territorio nacional.
A través de sus redes sociales, la Superintendencia Nacional de Migraciones precisó que Ornelas Loera, quien era la encargada de la embajada de México en la capital, realizó su control migratorio de salida y dejó el país, cumpliendo lo dispuesto por el Ejecutivo.
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Esto, luego de que el Perú rompiera relaciones diplomáticas con México, a raíz del asilo brindado a Chávez, quien afronta un juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.
La semana pasada, el presidente José Jerí, ya había adelantado que la funcionaria mexicana fue informada por el canciller Hugo de Zela que “tenía un plazo perentorio” para dejar territorio peruano.
Si bien Chávez se encuentra refugiada en dicho recinto, no puede salir al exterior debido a que el Gobierno dejó en suspenso su salvoconducto. Frente a esta disyuntiva, surge la siguiente interrogante: ¿quién se encargará ahora de la expremier?.
La Cancillería aún no define si otorgará el salvoconducto de Betssy Chávez y abrirá consultas con países de la OEA. (Foto: GEC)
¿BETSSY CHÁVEZ AÚN PUEDE SER DETENIDA?: LOS ESCENARIOS QUE SE ABREN
Tras la salida del país de la encargada de la embajada mexicana, la situación de Chávez se torna crítica. Así lo advirtió el experto en derecho internacional, Gattás Abugattás, tras recordar que la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático (1954) establece que el retiro de una delegación de un país se da con la persona asilada, pero para ello se requiere el salvoconducto.
“Si no hay salvoconducto y por lo tanto no se pueden retirar con la persona asilada, la otra opción que otorga la convención, es entregar a la persona asilada a otra embajada“, indicó a radio Exitosa.
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El experto añadió que la expremier quedaría desprotegida si toda la delegación mexicana se va sin ella, al considerar que la embajada perdería el efecto de territorio mexicano, lo que podría abrir la puerta a su eventual detención.
“El lugar en el que está la casa del embajador deja de ser un local de la delegación diplomática, por lo tanto, deja de tener cualquier tipo de protección internacional. Con una orden de allanamiento o con una orden de captura, la Policía podría, incluso, entrar al domicilio y capturarla. O si es que la delegación mexicana intenta trasladarla a otro lugar, en el traslado podría ella ser detenida”, advirtió.
Sin embargo, el internacionalista Alejandro Deustua descartó ese escenario. En diálogo con Gestión, explicó que tanto la sede de una embajada como la casa del embajador tienen estatus diplomático, por lo que no pueden ser intervenidas ni violentadas por la PNP bajo ningún motivo.
En ese sentido, recalcó que la única posibilidad de que la expremier pueda ser detenida es que salga por sus propios medios de la embajada de México o, por ejemplo, si abandona dicho recinto en un automóvil mientras no se le haya otorgado el salvoconducto.
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“El punto es que esa embajada sigue bajo el principio de extraterritorialidad, por lo que no puede ser violentada y eso no se podrá cambiar. Por lo tanto, Chávez tendrá que quedarse en esa embajada sin poder salir del país, pero el Gobierno no puede ingresar a la fuerza”, enfatizó.
Si bien la encargada de la embajada de México en Perú ya no se encuentra en nuestro territorio, Deustua precisó que el personal administrativo y el consulado de dicho país se mantienen activos y laborando. Según dijo, estos funcionarios se encargarán de los gastos de la expremier durante su estadía en el recinto.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cuestionó que el Perú haya roto relaciones diplomáticas con su país por el asilo brindado a Betssy Chávez. (Foto: EFE)
“El personal administrativo de esa embajada estará a cargo de los gastos cotidianos de mantenimiento y alimentación de los que residen en su interior. Los requerimientos de la señora Chávez serán asumidos y proporcionados por ese personal”, aseveró.
Al cierre de la edición, la PNP aumentó la vigilancia en la residencia de la embajada de México en Perú, ubicada en el distrito de San Isidro.
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¿FUE ACERTADA LA DECISIÓN DE DEJAR EN SUSPENSO EL SALVOCONDUCTO?
El último viernes, Jerí aseguró que Chávez no podrá salir del país hacia México mientras el Gobierno no resuelva el pedido de salvoconducto. En declaraciones a la prensa, indicó que el Ejecutivo mantiene en evaluación la solicitud diplomática y que, por el momento, no emitirá un pronunciamiento definitivo.
Dicho pronunciamiento ocurre luego de que la Cancillería informara que dará a conocer el resultado del pedido de salvoconducto tras realizar consultas con otros países de la Organización de Estados Americanos (OEA). Dicha institución expresó su preocupación por el uso indebido del derecho de asilo, al haberse otorgado en los últimos años a personas que no sufren persecución política en Estados democráticos.
Para el vicepresidente de la Asociación Peruana de Estudios Internacionales (Apei), Francisco Belaunde, esta es una clara maniobra de Jerí para patear el asunto al siguiente gobierno.
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“Creo que quiere dejarle este problema al próximo presidente y quitarse ese peso. Tiene mucha presión por parte de una mayoría en el Congreso, que no es de Perú Libre. En el fondo, estaría buscando no pelearse con el Parlamento”, indicó a Gestión.
Si bien consideró que el Ejecutivo debió haber otorgado el salvoconducto a Chávez de forma inmediata, se mostró a favor de que la Convención de Caracas sea revisada, tal como plantea el Ejecutivo.
“Pedir que se revise ese artículo de la Convención que dice que el país asilante es el que tiene la decisión y, por lo tanto, el estado territorial tiene la obligación de dar el salvoconducto, efectivamente es algo que puede ser planteado, el problema es que la situación contraria también es riesgosa. Es un tema complicado”, sostuvo.
El presidente José Jerí anunció que Betssy Chávez no podrá salir del país hacia México mientras no se resuelva el pedido de salvoconducto. (Foto: Presidencia).
Por su parte, Deustua calificó de razonable la decisión de, por ahora, no otorgar el salvoconducto a la expremier. “Lo que pasa es que la Cancillería está extremando su cautela jurídica para que no hayan posibles reclamos o contradicciones posteriores”, sostuvo, tras precisar que el Ejecutivo está buscando una protección adicional a la decisión que vaya a adoptar.
“Desde mi punto de vista el Gobierno podría claramente denegar la autorización de salida (salvoconducto) basándose en esta norma, que es la base sobre la cual el estado asilante debe calificar (el pedido de asilo)”, apuntó.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
