La situación judicial de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien es investigada por someterse a una operación estética en el año 2023 sin informar que, debido a ello, quedaría temporalmente incapacitada para ejercer el cargo, cada vez se complica.
El último viernes, su exasistenta, Patricia Muriano, declaró virtualmente por más de seis horas ante el despacho del fiscal supremo Hernán Mendoza, encargado del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la institución, y ratificó que su voz es la que se escucha en el audio difundido la semana pasada en medios de comunicación.
En dicha grabación, a la que accedió Cuarto Poder, Muriano no solo aseguró que la operación que se practicó Boluarte era con fines estéticos, sino también denunció que la jefa de Estado habría intercambiado favores con el médico cirujano Mario Cabani, quien la intervino quirúrgicamente. Este último no solo habría falsificado la historia clínica de la mandatario, sino le habría exigido puestos de trabajo en el Estado para allegados suyos.
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Sin embargo, Muriano dio nuevos detalles de lo que sucedió durante los días en que Boluarte se recuperaba de las cinco cirugías que se practicó.
Patricia Muriano
Los tres decretos supremos y la presunta “firma falsa” de Boluarte
De acuerdo al semanario Hildebrandt en sus Trece, que accedió a su testimonio, al menos tres decretos supremos fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano con una “firma falsa” de la presidenta, quien en ese momento se encontraba de reposo en su casa.
Los documentos bajo análisis son:
- Decreto Supremo que declaró estado de emergencia en varios distritos de Moquegua debido a la actividad del volcán Ubinas (5 de julio del 2023).
- Decreto Supremo que autorizó el viaje del entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, a Nueva Zelanda (8 de julio del 2023).
- Decreto Supremo que modificó el reglamento del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) (10 de julio del 2023).
Según la pesquisa, las rúbricas de Boluarte en documentos oficiales no coincidían con su firma habitual.
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Muriano añadió que la mandataria permaneció internada entre el 28 y 30 de junio en la Clínica Cabani y, tras recibir el alta, guardó reposo absoluto hasta el 9 de julio en su casa ubicada en Surquillo. El médico la visitó en su domicilio hasta en dos oportunidades.
La expresidenta de EsSalud, María Elena Aguilar, estuvo el día de la operación de Boluarte y supervisó personalmente su proceso de recuperación, según el semanario. A Aguilar la acompañó la suboficial PNP Ruth Ligarda, conocida como “la sombra de la presidenta”, por ser su guardaespaldas personal.
Tras conocerse esta declaración, el premier Gustavo Adrianzén negó que se hayan falsificado las firmas de la jefa de Estado en los decretos emitidos durante su recuperación, tal como aseveró Muriano. Desde Huancavelica, insistió en que Boluarte cumplió con todas sus funciones y firmó personalmente cada documento aprobado en esos días.
No obstante, el Ministerio Público ya inició el peritaje respectivos a los tres documentos para analizar la autenticidad de las firmas que aparecen en las hojas. Además, se busca identificar si alguien más habría autorizado el uso de la rúbrica de Boluarte para validar los decretos supremos, lo que sería un delito.
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¿Se acreditaría el abandono del cargo y la infracción constitucional de la presidenta?
En diálogo con Gestión, el experto en derecho constitucional, Erick Urbina, y el abogado penalista Andy Carrión coincidieron en señalar que si al final del peritaje se acredita que la firma que aparece en dichos documentos fueron falsificadas o adulteradas se acreditaría el abandono del cargo, delito por el que se le investiga a Boluarte.
“Si es que se ha falsificado su firma, ya hablamos de cuestiones mayores y habrá que ver qué ministro o funcionario lo hizo. Ella (Dina Boluarte) obviamente, al estar enterada de todo lo que se publica, deberá también de asumir la responsabilidad, porque si cuando retomó su función y se enteró de los decretos publicados con su firma falsa y no lo denunció, es corresponsable”, advirtió Urbina, tras precisar que la mandataria no puede alegar que no estaba al tanto de dicha situación.
“El abandono del cargo de la presidenta lo veo clarísimo, así como la usurpación de funciones, porque quien ha firmado eso lo ha hecho sin tener esa función. Probablemente haya sido un ministro o asesor; entonces, ahí hay un delito de usurpación de funciones”, añadió.
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Por su parte, Carrión consideró que al término de la pericia la Fiscalía podría ampliar los hechos bajo investigación e incorporar a otras personas. A su juicio, se debe investigar la supuesta autorización de parte de la jefa de Estado y quién realmente ha firmado el documento.
“Una de las formas de corroborar que Boluarte abandonó el cargo y no ejerció sus funciones por unos días es precisamente el haber encargado a terceros, pero aquí está el punto medular. La presidenta no debió encargar a terceros, ni siquiera al premier, sino al presidente del Congreso, y ahí sí estaría en problemas, por eso es que la defensa de la presidenta intenta desvirtuar estos hechos”, acotó.
Tanto Urbina como Carrión coincidieron en que la presidenta cometió una infracción constitucional, por lo que señalaron que la Fiscalía tiene las puertas abiertas para presentar una denuncia constitucional en su contra; sin embargo, recordaron que será el próximo Parlamento el que se encargue de aprobar su acusación y, en el peor de los escenarios, inhabilitarla de la función pública por el plazo de 10 años.
Mario Cabani fue el encargado de la cirugia a Dina Boluarte a mediados del 2023. (Foto: Facebook Mario Cabani)
¿Los exministros tendrían alguna responsabilidad por las “firmas falsas” de Boluarte en los decretos?
En el ámbito penal, Carrión indicó que si se llega a confirmar, a través de una pericia, que las firmas de Boluarte en los tres decretos supremos habrían sido falsificadas, la mandataria podría ser investigada por el delito de falsificación de documentos, cuya pena oscila entre los 4 a 8 años de prisión.
En lo que respecta a los miembros del Gabinete Ministerial que aprobaron dichos decretos en los Consejos de Ministros, el penalista consideró que, por ahora, no necesariamente tendrían una responsabilidad, ya que se debe identificar a los que directamente intervinieron en la colocación de esas presuntas rúbricas adulteradas.
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“Pero sí hay una eventual comisión del delito de omisión de denuncia, porque si la Fiscalía viene investigando el abandono del cargo, se supone que los ministros son los que primero debieron advertir que la presidenta no ha estado ejerciendo sus funciones y tuvieron que denunciarlo, algo que no hicieron”, enfatizó, tras precisar que los ministros podrían calificar como cómplices de los hechos, pero tendrían una responsabilidad política más que penal.
Urbina tuvo una postura diferente. Recordó que los ministros, cuando impulsan un decreto, ponen su firma corroborando que están de acuerdo con el documento y deben cerciorarse que la firma final la va a poner la presidenta.
Tras negarlo en varias oportunidades, el expremier Alberto Otárola confirmó ante la comisión de Fiscalización del Congreso que Dina Boluarte se realizó una operación estética. (Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec)
“Entonces, si ellos han consentido de que se publique esos decretos con la firma falsa, son corresponsables políticamente e, incluso, penalmente, por el delito de omisión de funciones y uso indebido de funciones. Podría entrar ahí falsedad genérica y usurpación”, agregó.
Entre los exministros bajo la lupa figuran el expremier Alberto Otárola, la exministra de Educación, Magnet Márquez, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, la exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, entre otros.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
