Tras recibir una prórroga de cinco años del Tribunal Constitucional para acabar con el hacinamiento carcelario, el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, reconoció que “nos vamos a pasar de dos años” para acabar con este problema.
“No lo veremos culminado como gestión pero dejaremos pasos importantes”, dijo a Canal N, en referencia a una serie de planes que ejecutará el Gobierno y su cartera.
Dentro de estos lineamientos está el plan “Libertad 2025″, con el que se brindará asesoramiento legal a unos 6,000 presos por omisión de asistencia familiar (pensión alimenticia), hurto simple y, también, estafa simple —en palabras del ministro—.
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“No es liberar indiscriminadamente a estas personas. Es asesoramiento legal gratuito”, apuntó.
Alcántara precisó que esta campaña de defensa pública se enfocará también en “otros delitos leves sin peligrosidad que no causan alarma social”.
Enrique Alcántara, flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos. Foto: difusión / GEC
Asimismo, adelantó que para este año se tiene previsto la construcción de penales en Chanchamayo, Arequipa y el destrabe del Megapenal de Ica. “Esperamos que estas acciones concluyan en dos años, plazo aproximado con todo y proceso de contratación que tenemos”, soslayó.
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El funcionario indicó que también se ha puesto la primera piedra para el Penal de Abancay y se levantarán “megapenales en terrenos como Huacho, para 16,000 personas y un terreno en Quiruvilca, donde pensamos construir un megapenal para 10,000 personas”.
