El Congreso de la República nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de la aprobación de una ley que podría tener series consecuencias judiciales. Desde el Gobierno, Poder Judicial y la Fiscalía advirtieron los riesgos del dictamen que modifica la ley de extinción de dominio, que está pendiente de una segunda votación en el Pleno.
La propuesta establece que, en general, no se podrá iniciar el proceso de extinción de dominio sin una sentencia condenatoria firme, lo que evidentemente afecta la recuperación de bienes de personas investigadas. Además, el plazo de los prescripción de los procesos de extinción de dominio se redujo a 5 años, algo que fue cuestionado por varios expertos.
Precisamente, el coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, Manuel Luján Túpez, advirtió en la víspera que en caso esta propuesta se convierta en ley alrededor de 5,000 procesos relacionados a corrupción y otros delitos quedarían impunes, ya que serían archivados.
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“Un sicario, extorsionador, un minero o un corrupto, para delinquir, necesita dinero y el proceso de extinción ataca donde más les duele, el bolsillo, y retira del mercado ese dinero para que no sigan haciendo esas fechorías; por eso, ese cambio a la ley le da al crimen la oportunidad de cometer delitos”, advirtió la semana pasada.
Entre los casos emblemáticos que serían archivados por esta norma figuran los procesos iniciados a los expresidentes Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, así como al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a Florindo Eleuterio Flores Hala, alias “Artemio”, y a Rodolfo Orellana, entre otros más.
Sin embargo, las consecuencias no solo se verían a nivel judicial, sino también en el ámbito económico financiero. Y es que el magistrado Luján también alertó que el modificar la ley de extinción de dominio, tal como pretende el Parlamento, nos colocaría en la “lista negra” que elabora el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que conllevaría varios riesgos para el país.
Los seis casos emblemáticos que se archivarían con la ley que modifica la extinción de dominio. Imagen: Fiscalía.
¿Qué es el GAFI y por qué son importantes sus recomendaciones?
El GAFI es un organismo intergubernamental que tiene como finalidad el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Además de proveer capacitación y emitir recomendaciones, dicho grupo realiza evaluaciones mutuas a sus miembros, seguimiento de las mismas, aplica sanciones y monitorea a los países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención.
Son 37 los países miembros del GAFI. En la lista destacan Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, entre otros más.
En el caso del Perú, si bien oficialmente no es miembro de dicho organismo, sí integra el GAFILAT, un grupo regional del GAFI.
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Nuestro país ha sido evaluado hasta en cuatro oportunidades por dicho organismo. Esto sucedió en los años 2003, 2005, 2008 y 2018; sin embargo, en el 2029 será nuevamente supervisado para ver si cumplimos con las 40 recomendaciones que nos plantearon, informaron desde la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a Gestión.
“Esta evaluación comprenderá el análisis del cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI y la efectividad de las medidas adoptadas, entre ellas, la recomendación 4 (”Decomiso”), que exige que los países adopten medidas legislativas para regular el decomiso no basado en una condena (conocido también como extinción de dominio)”, indicaron.
En ese sentido, la SBS advirtió que una mala calificación en el próximo proceso de evaluación podría generar que el Perú sea incluido en la “lista negra” del GAFI (países con deficiencias estratégicas graves) o en su “lista gris” (naciones con deficiencias estratégicas).
“Para obtener un buen resultado en nuestra próxima evaluación mutua, el Perú, conforme a la recomendación 4 del GAFI, debe contar con un proceso autónomo de extinción de dominio y demostrar la efectividad de su aplicación”, recalcaron desde dicha institución.
En cuanto a la importancia de seguir las recomendaciones de este organismo, esto nos permitiría como país contar con un sistema nacional efectivo para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y sus delitos precedentes, entre ellos, la corrupción.
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“Esto es fundamental para contribuir a la integridad del sistema económico, prevenir que se utilice como un canal para legitimar activos provenientes de actividades ilícitas y generar un entorno transparente y seguro para la inversión y el comercio, lo que es clave para el desarrollo económico sostenible”, enfatizó la SBS.
Añadieron que la regulación de la extinción de dominio, conforme a la recomendación 4 del GAFI, es clave para afectar el patrimonio de las organizaciones criminales y evitar que consoliden y amplíen sus estructuras criminales de corrupción y lavado de activos en el tiempo.
Como se recuerda, desde el año 2019 a diciembre del 2024 se han dictado 1,510 sentencias en materia de extinción de dominio vinculadas a actividades ilícitas. Esto hizo posible que se recuperen más de S/560 millones para el tesoro público. Solo el año pasado se recuperó más de S/259 millones.
En solo seis años se han emitido 1,510 sentencias por extinción de dominio. Fuente: Fiscalía
¿Las consecuencias para el Perú en caso sea incluido en la “lista negra” del GAFI?
La SBS advirtió que son tres las consecuencias de estar en la “lista negra” del GAFI, en caso se apruebe la ley que modifica los cambios al proceso de extinción de dominio.
Estas son: el incremento del riesgo país, el encarecimiento de las líneas de crédito y los límites en las relaciones de corresponsalía.
Al respecto, el director gerente de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, recordó a Gestión que el único país sudamericano que se encuentra en dicha lista es Venezuela, por lo que consideró que sería grave que nos incluyan en el registro.
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Sobre el incremento del riesgo país, el analista económico informó que bajo ese escenario se haría más incierto el flujo de capitales hacia el Perú, ya que los inversionistas podrían tener algún tipo de restricción o registrar problemas de ingreso, en la medida de que probablemente haya una mayor necesidad de controles.
“Entonces, algunos inversionistas desistirán. Se preguntarán simplemente para qué voy a entrar al Perú si es más complicado, tengo que hacer más tramites, etc. En consecuencia, sí puedes tener una reducción de flujo esperado de inversiones financieras al país”, advirtió.
Añadió que, en el corto plazo, esta medida podría generar una cierta sobrerreacción en el mercado, es decir, presionaría al alza el tipo de cambio.
“Esto haría que las tasas, empezando por las de dólares, sean más altas y podrían llevar a que los corporativos o las empresas más grandes, que formalmente son las que están dolarizadas, puedan también pasar a soles, generando una mayor demanda. Eso también tendría un impacto sobre las tasas en soles. Entonces, directamente el mayor impacto podría ser sobre (la tasa) dólares, pero eso no descarta que ocurra algo similar sobre la de soles”, apuntó.
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En cuanto a los límites en las relaciones de corresponsalía; es decir, que una entidad financiera representa a otra en el país, sostuvo que probablemente el banco nacional puede tener algún efecto negativo con esta medida debido a que no tendría a una entidad financiera global que pueda ser su escudo.
“Simplemente estas entidades dirán que es más complicado, hay más riesgo, más trámite. Entonces, simplemente decidirán buscar otras plazas que generen mayor potencial de negocio a un menor nivel de incertidumbre”, recalcó.
Finalmente, Odar alertó que esto también nos podría traer problemas en nuestro proceso de evaluación para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE.
“Podría haber un impacto sobre la asimilación de mejores prácticas que uno puede tener en ese grupo (OCDE) y eso también puede tener un efecto negativo sobre el crecimiento potencial del Perú, que en este momento ya es relativamente bajo”, acotó.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
