Esta mañana, el premier Ernesto Álvarez Miranda y los demás integrantes del Gabinete Ministerial se presentan en la Comisión de Constitución del Congreso para exponer los principales temas que están incluidos en el pedido de delegación de facultades legislativas por el plazo de 60 días.
De este paquete de iniciativas, una llamó la atención y generó preocupación, debido a que plantea modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en investigaciones penales y actuaciones policiales, además de establecer un supuesto específico de inhabilitación en caso de condena. Desde la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtieron que esta norma podría criminalizar la labor que cumplen los periodistas al momento de obtener información.
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Al respecto, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, consideró que quienes deben ser sancionados por la difusión de información reservada de investigaciones fiscales y policiales son los funcionarios públicos, mas no los periodistas.
“Los que tienen que ser sancionados en el caso de difundir esas informaciones (reservadas) son los funcionarios públicos. Vamos a ver qué cosa es lo que nos explica ahora, en la Comisión de Constitución, el premier y allí tomaremos una posición claramente”, indicó esta mañana en RPP.
El legislador de Fuerza Popular reconoció que el tema es “delicado”. En ese sentido, recordó que en el 2018 y 2019 se difundieron audios con fines políticos para, según dijo, “perjudicar a unos y favorecer a otros”, en referencia al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Sin embargo, reiteró que esperará escuchar la posición de Álvarez Miranda sobre el tema ante la Comisión de Constitución para tener una postura más clara y documentada.
“La información de investigaciones reservadas siempre es delicada y allí tenemos un problema concreto, que lo conocemos por las cosas que han ocurrido sobre todo desde el año 2018 y 2019, cuando se han filtrado audios de determinados procesos con fines claramente políticos para perjudicar a unos y favorecer a otros”, cuestionó.
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“HAY UN EXCESO DE ENTUSIASMO EN EL GOBIERNO”
Respecto a las propuestas del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, entre ellas, la desaparición del INPE, Rospigliosi recordó que la gestión de José Jerí es transitoria, por lo que remarcó que no podrá resolver la crisis penitenciaria a largo plazo.
En ese sentido, consideró que existe un exceso de entusiasmo en el Gobierno por resolver el problema de la inseguridad ciudadana.
″Quizás hay un exceso de entusiasmo en el Gobierno en las medidas que ha planteado para resolver el problema de la inseguridad. Es un gobierno transitorio que va a durar muy pocos meses y que realmente no puede tomar medidas de largo aliento. El problema básico de las cárceles es que, en primer lugar, son pocas. Hay un 140% de sobrepoblación. En segundo lugar, hay una cantidad pequeña de funcionarios del INPE, de guardias del INPE. Son aproximadamente 11,000 y lo que calcula dicha institución es que se necesitan 33,000″, remarcó.
A su juicio, el Ejecutivo podría acelerar el proceso de construcción de cárceles como una medida urgente, pero reiteró que no será sencillo resolver un problema que ha persistido durante tantos años en tan poco tiempo.
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