La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de San Borja. De forma paralela, se intervino la oficina del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.
Estas diligencias fueron autorizadas judicialmente como parte de una investigación abierta en marzo de 2025 sobre una presunta organización criminal liderada por el actual titular de Justicia y entonces ministro del Interior.
“Lo usual después de este tipo de diligencias como allanamientos e incautaciones es de que la Fiscalía pueda estar ya elaborando o finiquitando pedidos de detenciones preliminares o prisiones preventivas dependiendo de dónde se encuentra la investigación, es decir, en qué etapa. Por lo visto, por ahora quiere recabar esas informaciones para ver la pertinencia o no de la solicitud de estos requerimientos”, explicó a Gestión el abogado penalista Andy Carrión.
LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte sobre allanamiento a vivienda de su hermano: Es otro muñeco armado
Según la tesis fiscal, Santiváñez habría actuado como el “hombre clave” de la red, con capacidad para modificar procesos administrativos y coordinar operativos policiales en favor de terceros. Entre los implicados se encuentra Nicanor Boluarte, identificado bajo el seudónimo de “el hermanísimo”.
Uno de los hechos investigados es la presunta manipulación de términos de referencia en la Defensoría de la Policía para favorecer a Percy Tenorio en contratos de defensa de agentes procesados por las muertes ocurridas en las protestas de diciembre de 2022.
Cada contrato habría estado valorizado en S/ 200 mil, con un total de un millón de soles. Esta “maniobra” habría tenido como trasfondo la custodia de documentos sensibles de Juan José Santiváñez a cargo de Percy Tenorio, un excoronel de la PNP vinculado también a Boluarte Zegarra.
LEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra reapareció en audiencia judicial: se fijó fecha para su apelación
El Dorado
La investigación también incluye a la minera El Dorado, propietaria de concesiones en Ayacucho. Se habrían pactado pagos por US$ 160 mil a fin de asegurar la recuperación de terrenos a través de un operativo policial disfrazado como intervención ambiental, según informó Cuarto Poder.
Los allanamientos incluyeron la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, donde la Fiscalía busca documentos que habrían permitido a la minera continuar con sus actividades. El operativo policial fue ejecutado por la Dirección de Medio Ambiente de la PNP.
“En este caso lo que busca el Equipo Especial son elementos que prueben que Santiváñez habría propiciado reuniones con diversos abogados para ejecutar actos irregulares, entre ellos, favorecer en la recuperación de terrenos de la minera El Dorado SA. La teoría que maneja la Fiscalía es que a cambio de esta intercesión los empresarios mineros involucrados habrían dado una dádiva al señor Boluarte y supuestos favores prometidos como darle arraigo laboral al hermano de la presidenta”, sostiene Johann Multhuaptff, abogado penalista, socio fundador de ZM&G Legal.
LEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra retornó a Barbadillo por disposición del INPE
La participación de Nicanor Boluarte
La Fiscalía sostiene que, para dar arraigo laboral a Nicanor Boluarte y fortalecer su situación procesal, se gestionaron reuniones en el estudio de Percy Tenorio en San Isidro, de las cuales existen siete registros en video.
La hipótesis es que se buscaba vincularlo como consultor de la minera El Dorado, con el fin de evitar una eventual prisión preventiva.
Luis Vivanco, abogado de Boluarte, acudió a la vivienda intervenida y declaró ante la prensa que el allanamiento representa un “abuso más de la Fiscalía”. El letrado sostuvo que su defendido no fue notificado previamente y que no recibió citación alguna para declarar.
“No tengo ninguna información sobre el caso. Lo único que les puedo decir es que es un abuso más de la Fiscalía y lo vamos a determinar en el transcurso del día”, señaló Vivanco.
LEA TAMBIÉN: Hermano de Dina Boluarte habría pedido un millón de soles para designar a jefe de Qali Warma
El defensor rechazó que su cliente tenga relación alguna con la empresa minera El Dorado, con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, o con el general en retiro Percy Tenorio.
A su vez, el abogado Multhuaptff explicó que en este allanamiento “no existe ninguna violación a la norma procesal, ya que es facultad del Ministerio Público ejecutar estas medidas restrictivas de derecho”.
“Cabe señalar que el allanamiento no se dirige al señor Santiváñez por su condición de aforado y sus beneficios conforme al artículo 99 de la Constitución, pero no hay ningún impedimento en ejecutar esta medida en contra de Nicanor Boluarte toda vez que no es funcionario del estado”, puntualizó Multhuaptff.
Por su parte, Andy Carrión agregó lo siguiente: “Yo creo que en cuanto al allanamiento, si se ha seguido un debido proceso, es el fiscal quien lo solicita ante el juez y el juez finalmente quien lo otorga. Y para ello debe tener en cuenta algunos requisitos o presupuestos como la peligrosidad de la pérdida de pruebas, el nivel de involucramiento de la persona en el delito, entre otras. Y por lo que hasta ahora la prensa está informando, pareciera que sí se trata de una organización tendiente a cometer algunos delitos y también a empresas como El Dorado”.
