
Una de las principales preocupaciones que tiene el Ministerio Público es el dictamen que modifica la ley de extinción de dominio, que está pendiente de una segunda votación en el Pleno del Congreso.
En una conversatorio con periodistas, el fiscal adjunto superior de la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Extinción de Dominio, Roger Solano, recordó la importancia de esta herramienta en la persecución y confiscación de los bienes adquiridos a través de actividades ilícitas.
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Precisamente, desde el 2019 a diciembre del 2024 se han emitido 1,510 sentencias de extinción de dominio, las que han permitido recuperar una gran cantidad de bienes inmuebles en favor del Estado.
La mayoría de estas sentencias provienen de delitos como el tráfico ilícito de drogas (685), contrabando (253), lavado de activos (158), minería ilegal (106) y tráfico ilegal de productos forestales maderables (96).

Son cinco las regiones del país con una mayor cantidad de casos por extinción de dominio.
Estas son Lima (1,657 casos), Lambayeque (1,050), Ayacucho (697), Puno (581) y Piura (290).
“En Ayacucho se tiene gran cantidad de bienes incautados a raíz del tráfico ilícito de drogas”, acotó.
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Solano agregó que, desde el 2019 a la fecha, el país ha recuperado más de S/560 millones producto de estas sentencias. Solo el año pasado se recuperó más de S/259 millones en favor del Estado.

La Fiscalía no podrá hacer nada si el investigado transfiere su propiedad
En la víspera, el coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, Manuel Luján Túpez, alertó que en caso sea modificada la ley de extinción de dominio vigente, al menos 5,500 procesos relacionados a actos de corrupción quedarían afectados.
Dentro de estos procesos figuran seis casos emblemáticos que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, así como al empresario Rodolfo Orellana, entre otros.
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En caso el Parlamento decida aprobar las modificaciones a la ley de extinción de dominio, estos casos se archivarían y los investigados recuperarían sus bienes. En el peor de los escenarios, podrían vender sus propiedades o transferirlos a terceros.
Al respecto, Solano advirtió que en caso ocurra ese escenario las fiscalías de extinción de dominio ya no podrán hacer nada para recuperar esos bienes.
“Ya no habría mecanismos para impedir eso. Simplemente se devuelve el bien y se archiva el caso. Tenemos que esperar una sentencia condenatoria para iniciar una nueva investigación, por lo que estas personas podrán hacer libre disposición de sus bienes”, cuestionó.
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