La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por su presunta responsabilidad en el delito contra la humanidad, en la modalidad agravada de incitación a la discriminación.
Esta acción responde a una serie de denuncias interpuestas por ciudadanos y organizaciones de derechos humanos, quienes acusan al ministro Quero de emitir declaraciones ofensivas contra las víctimas mortales y heridos durante las protestas sociales que estallaron contra Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
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El caso se inició a raíz de una serie de denuncias presentadas en diciembre de 2024 por los ciudadanos Ronald Atencio Sotomayor, Javier Adrianzén Carreño y Raúl Samillán Sanga. Este último en representación de la Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Masacres 2022–2023.
Las acusaciones se fundamentan en declaraciones realizadas por el ministro el 11 de diciembre de 2024, durante una actividad oficial en Piura, cuando fue consultado por la falta de pronunciamiento del Ejecutivo respecto a las víctimas de la represión.
“Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, fueron las palabras del titular del Minedu.
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Según la Fiscalía, las palabras de Morgan Quero no solo constituyen un acto de discriminación, sino que también vulneran gravemente la memoria de las víctimas, muchas de ellas campesinas, indígenas, menores de edad y estudiantes, quienes murieron o resultaron heridas en un contexto de movilización social masiva.
La Defensoría del Pueblo, en respuesta inmediata a las declaraciones del ministro, calificó sus palabras como “deplorables” y “ofensivas”, subrayando que atentan contra la memoria de los fallecidos y profundizan el sufrimiento de sus familiares.
En ese sentido, el Ministerio Público ha identificado elementos de convicción que respaldan la acusación y, por ello, ha solicitado al Congreso el levantamiento del fuero del antejuicio político que ampara al ministro, paso necesario para dar inicio al proceso penal correspondiente.
