Si bien el juicio oral que afronta el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua debería finalizar en un mes, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, reconoció que ese escenario es poco probable.
En diálogo con radio Exitosa, el fiscal estimó que el Poder Judicial podría dictar una sentencia contra el exmandatario en octubre. Según dijo, todo dependerá de las pruebas complementarias que el abogado de Vizcarra presentará en el juicio oral.
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“Pienso que este (caso) debería terminar en un mes, pero lo veo difícil porque terminada esta etapa de lectura de piezas procesales, ya ha advertido la defensa de Vizcarra que va a presentar pruebas complementarias y el Ministerio Público va a ser lo propio. Le calculo un mes más, haciendo un pronóstico unos dos o dos meses y medio”, indicó esta mañana.
Juárez aclaró que el Ministerio Público “no demora los casos”. En ese sentido, recordó que una vez formulada la acusación, queda en manos del Poder Judicial la agenda de las audiencias en el marco del juicio oral.
“Nosotros no demoramos los casos, nosotros formulamos la acusación y prácticamente queda en la agenda del Poder Judicial para que dispongan las audiencias”, añadió.
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INSISTE EN QUE EXISTIÓ PELIGRO DE FUGA EN CASO DE VIZCARRA
El último viernes, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Vizcarra, al considerar que no se cumplen los requisitos para dictar la medida. En consecuencia, dispuso que el exmandatario continúe el proceso en libertad, bajo reglas de conducta, así como amplió su impedimento de salida del país.
Al respecto, Juárez insistió que en el caso de Vizcarra existió un peligro de fuga debido a que este viajaba a diferentes regiones del país para hacer campaña política, lo que contradice el impedimento ordenado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Existía ese riesgo (de fuga). Veíamos que salía sin ninguna restricción a lugares de la región, supuestamente para hacer política; no obstante que estaba impedido de hacerlo, había una resolución del JNE que incluso lo había desafiliado. Esto pudo ser un argumento para efectos de salir con la excusa de hacer proselitismo y poder salir por las fronteras de cualquier lugar”, apuntó.
Añadió que lo que más llamó la atención de la Fiscalía fue ver que el expresidente “se movilizaba sin ninguna seguridad”, pese a que se encuentra bajo investigación por presuntos actos de corrupción.
“La intención de nosotros era hacer ver que si él tenía protección del Estado era ineficiente para poder neutralizar un peligro de fuga. (...) Ese día (del juicio) demostramos que él se pasea sin seguridad”, cuestionó.
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