Tras la promulgación de la ley que permite juzgar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años, desde el Ministerio Público evalúan presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para invalidar dicha norma.
Así lo señaló el vocero de dicha institución, Víctor Cubas Villanueva, tras considerar que dicha ley no resolverá el problema de la criminalidad en el país.
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En diálogo con RPP, el también exfiscal supremo indicó que la ley en mención no contribuye a la lucha contra la inseguridad ciudadana y solo demuestra que el Gobierno no tiene un plan para hacer frente a las organizaciones criminales que operan en el país.
“Frente a todas las disposiciones que el Ministerio Público considera que violan la Constitución y no contribuyen a la lucha contra la criminalidad organizada va a adoptar una serie de medidas. Una de ellas podría ser plantear una demanda de inconstitucionalidad frente a esta ley”, aseveró.
A su juicio, la norma no solo va en contra del orden jurídico, sino que viola tratados internacionales y tampoco garantiza la recuperación de los menores, al advertir que al ingresar a los penales solo se perfeccionarían en el crimen.
“Inclusive, organismos internacionales como la UNICEF han determinado que la incidencia delictiva de menores de edad es menor del 2 %; es decir, haciendo una estadística, los que cometen delitos son mayores de edad y solamente un promedio de 2 % son menores de edad”, acotó.
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INPE ADECUARÁ PENALES PARA ALBERGAR PENALES DE 16 Y 17 AÑOS
En la víspera, desde el Ministerio de Justicia informaron que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) viene adecuando los penales para recibir a los jóvenes que cometan delitos graves.
Así lo anunció el jefe de la Dirección de Política Criminológica del dicha institución, Tiberio Martínez, tras recordar que actualmente hay 1,050 adolescentes internados en los centros juveniles por delitos graves.
El funcionario añadió que se habilitarán espacios diferenciados en los 74 centros penitenciarios del país, a fin de evitar que incrementen su peligrosidad por el contacto con los reclusos adultos.
“La norma también señala un trato diferenciado. El INPE está adecuando los establecimientos penitenciarios. Habrán pabellones o espacios diferenciados. No van a ser internados junto con los demás internos adultos que han cometido estos mismos delitos, pero están en los penales”, sostuvo.
Al ser consultado por el penal de Ancón 1, a donde fueron trasladados 29 adolescentes de alta peligrosidad tras la fuga registrada en “Maranguita” a inicios de mes, dijo que están adecuando un espacio en dicho recinto para recibir a los nuevos reclusos.
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