La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ha iniciado una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de negociación incompatible, en relación con la designación de Jaqueline Yessenia Lozano Millones como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República.
La investigación, liderada por la fiscal adjunta provincial Djanira Ajalcriña Cáceres, tiene como eje principal determinar si la designación de Lozano Millones obedeció a criterios irregulares, particularmente vinculados a un posible favorecimiento político.
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Según la hipótesis fiscal, la funcionaria habría accedido al cargo como parte de un beneficio laboral otorgado exclusivamente en virtud de su afiliación a un partido político, lo que constituiría un acto incompatible con la normativa vigente sobre contrataciones en el sector público.
Como parte de las diligencias iniciales, la fiscal Ajalcriña ha solicitado formalmente al Congreso de la República la remisión de toda la documentación relacionada con la contratación de Lozano Millones, así como del instrumento normativo que sustente la creación, funciones y conformación del Centro de Modalidades Formativas.
Esta unidad del Parlamento, cuya existencia ha pasado casi desapercibida en la opinión pública, ahora se encuentra bajo el escrutinio de la justicia.
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La figura de “negociación incompatible” prevista en el Código Penal sanciona a los funcionarios públicos que, en el ejercicio de su cargo, se interesen indebidamente en actos u operaciones en los que tengan algún tipo de beneficio directo o indirecto.
En este caso, la Fiscalía busca esclarecer si hubo un aprovechamiento indebido de influencias o vínculos partidarios para asegurar una posición de trabajo.
