La Fiscalía de la Nación abrió una nueva investigación contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por el presunto delito de peculado de uso. Según reveló el diario Correo, esta indagación tiene como origen el uso presuntamente indebido de un vehículo oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el cual habría sido utilizado por Otárola para realizar visitas personales a Yaziré Pinedo Vásquez.
El caso está a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público. Según fuentes fiscales, ya se ha comenzado a recoger testimonios de choferes y personal de seguridad asignado a los vehículos del Estado, quienes habrían confirmado traslados no oficiales vinculados al exfuncionario y la joven beneficiaria de contratos públicos, informó Canal N.
¿Quién es Yaziré Pinedo Vásquez?
Yaziré Pinedo Vásquez fue contratada en puestos de confianza tanto en la PCM como en el Ministerio de Defensa durante la gestión de Otárola. Las contrataciones, ampliamente cuestionadas, cobraron notoriedad pública cuando se conoció que existía una relación sentimental entre ambos, reconocida incluso por la propia Pinedo.
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La versión fiscal sostiene que Otárola habría favorecido a la joven en los procesos de selección y contratación a través de un entorno de confianza dentro del aparato estatal. La posible utilización de un vehículo oficial para fines personales —como las visitas a Pinedo fuera del marco institucional— configura, según la Fiscalía, el presunto delito de peculado de uso.
Este tipo penal sanciona el aprovechamiento de bienes del Estado para fines particulares, una conducta que puede acarrear sanciones penales que van desde inhabilitación hasta prisión efectiva, según la gravedad de los hechos acreditados.
Yaziré Pinedo (Foto: AméricaTV/CanalN)
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Otárola tiene una denuncia constitucional
Esta nueva investigación se suma a una denuncia constitucional formalizada en abril de 2025 por el Ministerio Público, también desde el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. En ese expediente, Otárola es acusado como presunto autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, por su rol en los procesos que terminaron con la contratación de Yaziré Pinedo en entidades estatales bajo su gestión.
El comunicado oficial de la Fiscalía precisa que la contratación en la PCM y en el Ministerio de Defensa fue facilitada por personas del entorno cercano de Otárola, quienes lo acompañaban desde que fue presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Este detalle refuerza la tesis fiscal sobre una red de influencia con continuidad en varias instituciones del Estado.
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La denuncia constitucional fue remitida al Congreso de la República, que deberá evaluar si Otárola puede ser sometido a antejuicio político. Este es un paso obligatorio dado que el exjefe del gabinete, en su calidad de alto funcionario del Ejecutivo, goza de prerrogativas constitucionales que lo protegen de procesos penales ordinarios sin la aprobación parlamentaria.
