Dos días después de conocerse las presuntas irregularidades en la designación y pago de remuneración de la funcionaria de la Contraloría General de la República, Vanessa Walde Ortega, quien archivó la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por un presunto desbalance patrimonial, el Ministerio Público decidió tomar cartas en el asunto.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Quinto Despacho), a cargo del fiscal provincial Raúl Martínez Huamán, inició una investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible y cobro indebido.
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A través de un comunicado, se informó que el fiscal adjunto provincial a cargo del caso, Leonardo Rosales Zavala, iniciará las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales del caso e individualizar los cargos.
El fiscal se constituirá en la sede principal de la Contraloría, ubicada en el distrito de Jesús María, para recabar documentación e información que permita determinar alguna responsabilidad penal.
“El hecho está referido a presuntas irregularidades en la designación de la mencionada funcionaria y en el cobro indebido de sus remuneraciones. Ella habría sido designada en el cargo, pese a no cumplir con los requisitos establecidos, y percibiría su sueldo, incluso, estando fuera del país sin justificación alguna”, informó la Fiscalía.
¿De qué trata la denuncia?
El último domingo, Cuarto Poder reveló que el informe de la Contraloría que exime de responsabilidad a la presidenta y concluye que no existe desbalance en sus cuentas está firmado por una alta funcionaria que, pese a no asistir a su centro de trabajo desde hace un mes, continúa recibiendo su sueldo íntegro, sin ningún descuento.
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Se trata de Vanessa Walde Ortega, una abogada de 32 años nombrada como subgerente de Fiscalización, un puesto clave en la institución. La funcionaria es hija del exjuez supremo Vicente Walde Jáuregui, conocido como ‘Vicentico’, un apodo que le dio el prófugo exjuez César Hinostroza, investigado en el marco del caso “Cuellos Blancos del Puerto”.
El contralor César Aguilar, según el dominical, fue subordinado de Walde Jaúregui. Este vínculo laboral quedó evidenciado en un certificado de trabajo notariado, firmado de puño y letra por el propio magistrado.
En el documento, se confirma que Aguilar fue empleado de Walde en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, lo que plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés en el nombramiento.
Desde el 14 de enero de este año, Vanessa Walde Ortega se encuentra fuera del país. Según los registros migratorios, está en Estados Unidos sin una fecha definida de retorno.
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