El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se encuentra en la mira del Ministerio Público.
El Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de dicha institución presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra dicho funcionario, quien es investigado por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo en agravio del Estado.
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A través de un comunicado, la Fiscalía informó que se le investiga a Gutiérrez por proponer y designar a la militante de Alianza para el Progreso (APP), María del Carmen Olórtegui Risco, en el puesto público de jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad.
Esto, a pesar de que sabía de que dicha persona no cumplía con los requisitos legales exigidos en el Manual del Clasificador de Cargos de dicha entidad.
Además, se dispuso remitir copias certificadas de la carpeta fiscal de la investigación seguida contra Olórtegui Risco por la presunta comisión del delito de aceptación ilegal del cargo, así como por la intervención que habría tenido personal de áreas administrativas de la Defensoría relacionados a la contratación de dicha funcionaria.
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CONTRALORÍA OBSERVÓ LA DESIGNACIÓN DE OLÓRTEGUI RISCO
Un informe de la Contraloría General de la República, al que accedió el diario Perú 21, reveló que Olórtegui Risco no cumple con los requisitos mínimos para el puesto que actualmente ocupa.
El cargo en mención, según indicó dicho medio de comunicación, exige cinco años de experiencia en la función o materia, pero ella solo pudo acreditar cuatro. Además, los documentos presentados para respaldar su experiencia laboral no guardan ninguna relación con la defensa de derechos ciudadanos.
La Contraloría identificó que ejerció la docencia en instituciones educativas y centros psicológicos, funciones sin vinculación con su trabajo en la Defensoría. Cabe recordar que desde el año 2005 fue docente en la Universidad César Vallejo (UCV), propiedad de César Acuña, y también trabajó como psicóloga en diversos colegios.
La funcionaria no adjuntó más de un certificado de trabajo para respaldar su experiencia. El organismo fiscalizador también determinó que su afiliación política sigue vigente, pese a que ella indicó a inicios de su gestión que solicitaría una licencia partidaria.
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