En el segundo día de audiencias del juicio oral contra Susana Villarán y otros 17 acusados, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ratificó su pedido de 29 años de prisión contra la exalcaldesa de Lima, así como 426 días multa y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pérez brindó por casi tres horas sus alegatos de apertura y sustentó ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional su acusación contra la exburgomaestre y demás coacusados por los aportes recibidos de las constructoras Odebrecht (hoy Novonor) y OAS para sus campañas de No a la Revocatoria (2013) y su fallida reelección (2014) a cambio de licitaciones en la Municipalidad de Lima (MML).
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La Fiscalía sindica a Villarán como cabecilla de una presunta organización criminal enquistada dentro del municipio. Junto al fallecido José Miguel Castro (exgerente municipal), adoptaban la decisiones que se ejecutaban dentro de este grupo de poder.
El fiscal José Domingo Pérez sustentó su acusación contra Susana Villarán. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Pérez acusó a la exalcaldesa de coludirse con Odebrecht, OAS y Graña y Montero por las concesiones de los proyectos Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur, respectivamente. Villarán, según dijo, recibió dinero por parte de estas empresas para sus campañas electorales a cambio de entregar la buena pro de dichas obras.
Para el fiscal, estas acciones son la “actividad criminal previa” a las entregas de dinero de estas constructoras a favor de las campañas de Villarán mediante un blanqueo de dinero.
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¿CÓMO SE DISTRIBUYÓ EL PAGO DE DINERO?
Pérez remarcó que en plena campaña de revocatoria de Villarán, la entonces alcaldesa de Lima pactó con Odebrecht para que asumiera la concesión y la recaudación de los peajes de Rutas de Lima, la cual abarca las vías Panamericana Norte y Sur, a cambio de US$ 3 millones. Cabe precisar que dichas vías ya estaban construidas y en operación.
La distribución de dicho monto de dinero se realizó de la siguiente manera: US$ 2 millones fueron destinados a la campaña de ‘No a la revocatoria’ y US$ 1 millón fue repartido entre los integrantes de la presunta red criminal que lideró Villarán.
El fiscal consideró que, con esta operación, los principales perjudicados fueron los ciudadanos de Lima a los que se restringió su derecho al libre tránsito, sobre todo, los vecinos del distrito de Puente Piedra.
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En lo que respecta a OAS, Pérez indicó que dicha constructora entregó US$ 3 millones a cambio de mantener la concesión de la Vía Expresa Línea Amarilla y Vía Parque Rímac.
La Fiscalía acusó a Susana Villarán de entregar los peajes de Rutas de Lima a Odebrecht a cambio de US$ 3 millones. (Foto: GEC)
Este monto de dinero fue distribuido de la siguiente manera: US$ 1 millón fue entregado a Luis Gómez Cornejo (exsecretario de economía del movimiento Diálogo Vecinal), quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, US$ 1 millón fue recepcionado por Óscar Vidaurreta Yzaga (representante de la empresa de medios Momentum Ogilvy) y US$ 1 millón fue a manos del publicista brasileño Valdemir Pereira Garreta, titular de la empresa FX Comunicaciones.
Finalmente, Pérez ratificó su pedido de 29 años de prisión contra Villarán, por la comisión de los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, colusión agravada, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.
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No obstante, la defensa de la exalcaldesa de Lima adelantó que buscará que se declaren prescritos los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.
El juicio oral contra Villarán continuará el próximo lunes 6 de octubre.
