La Presidencia del Consejo de Ministros difundió un pronunciamiento en el que se refirió al caso de Fuerza Popular, cuyo registro electoral busca ser cancelado por la Fiscalía de la Nación, considerando que incurrió en “conductas antidemocráticas”.
El comunicado del Gobierno cuestiona la actuación de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y asegura que “acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades”.
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Según el Ejecutivo, corresponde a los ciudadanos, mediante el voto, definir a sus representantes en las elecciones generales convocadas para el 12 de abril de 2026.
Fuente: PCM.
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En el pronunciamiento, el Gobierno también remarca que desde el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de golpe de Estado, se ha mantenido “en defensa del estado de derecho, la institucionalidad, la Constitución y nuestra democracia”.
Además, advierte que la Fiscalía no puede “pretender judicializar la política” ni determinar qué partidos participan en la contienda electoral, situación que, según el Ejecutivo, podría afectar la estabilidad política y económica del país.
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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la declaración de ilegalidad del partido político Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori.
Según el pedido de Espinoza Valenzuela, la organización fujimorista desarrolla actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales.
De esa manera, acusa a Fuerza Popular de promover atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, entre otros, así como de perseguirlos.
Además, señala al partido naranja de promover la exclusión de congresistas de su bancada “por razón de disidencia política y libertad de conciencia, y de exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del Conflicto Armado Interno de 1990 al 2000, así como de ”legitimar la violencia" como método para la consecución de objetivos políticos.
Delia Espinoza pide a la Corte Suprema que se cancele la inscripción de Fuerza Popular del Registro de Organizaciones Políticas y en cualquier otro.
