El Gobierno observó la autógrafa de ley que pretendía modificar el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos (Ley N.° 30096) con el objetivo de sancionar la posesión y comercialización ilegal de SIM cards activadas sin consentimiento.
La iniciativa, aprobada por el Congreso, buscaba castigar con penas de cárcel a quienes adquieran o vendan estos dispositivos cuando estén asociados a una línea de servicio móvil activada de manera irregular.
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En el oficio enviado al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, el Ejecutivo señaló que el proyecto incurre en varios problemas jurídicos. Uno de los principales reparos es que la redacción propuesta elimina el elemento subjetivo del delito (el dolo), es decir, la intención o conocimiento del autor respecto a la ilegalidad de los SIM cards en su poder.
Observan ley SIM Card
La norma vigente ya sanciona este tipo de conductas, pero exige que se pruebe que el agente actuó “con la finalidad de favorecer o facilitar la comisión de delitos” o que pueda presumirse razonablemente ese uso.
La nueva propuesta, en cambio, considera punible el solo hecho de poseer un SIM card preactivado, incluso sin prueba de conocimiento o intención delictiva.
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“El proyecto sanciona sin exigir un dolo específico, lo cual contradice el principio de culpabilidad y supone una responsabilidad penal objetiva, proscrita por nuestro sistema jurídico”, advierte el informe legal remitido por el Ejecutivo.
Observan ley SIM Card
Además, se advierte que la modificación vulnera el principio de mínima intervención del Derecho Penal, que establece que el castigo penal debe ser el último recurso.
Citando al Tribunal Constitucional, el documento recuerda que las penas solo pueden imponerse cuando hay prueba de responsabilidad subjetiva, y no sobre la base de simples presunciones.
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En ese sentido, el Gobierno pidió al Congreso replantear el texto legal, evitando que la sola tenencia de tarjetas SIM activadas de manera irregular sea motivo suficiente para imponer una sanción penal, si no se demuestra una intención dolosa o la comisión de un delito asociado.
El Ejecutivo reafirmó su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, especialmente en lo que respecta al uso ilícito de líneas móviles en delitos como extorsión o estafa, pero insistió en que las herramientas legales deben respetar los principios fundamentales del Derecho Penal.
