El Gobierno nuevamente puso sobre el debate la posible salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), algo que ha sido solicitado de manera reiterada por una mayoría de legisladores y cuestionado desde diversos sectores.
Durante su discurso ante el Pleno del Congreso, a donde acudió para exponer su plan de trabajo y solicitar el voto de confianza, el premier Eduardo Arana reconoció que la permanencia de nuestro país en dicho sistema es un aspecto de sumo interés para el Parlamento y la ciudadanía en general.
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Sin embargo, recordó que, de acuerdo con el artículo 57 de la Constitución, es potestad del Ejecutivo adoptar una decisión soberana sobre este tema, por lo que anunció que propondrá crear una comisión que evalúe “de manera seria y responsable” la permanencia del Perú en el SIDH.
“Como demócrata, propongo ante este honorable Parlamento la creación de una Comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema”, enfatizó.
Asimismo, recalcó que el Gobierno de Dina Boluarte “no pagará ni un centavo del erario público en indemnizaciones establecidas por tribunales internacionales”, en favor de quienes fueron juzgados y sentenciados en el Perú por delitos de terrorismo.
Si bien esta noticia generó alarmas, lo cierto es que no es tan sencillo llevar adelante una propuesta de este tipo, ya que se deben seguir una serie de pasos y esperar los plazos establecidos.
El Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al Gabinete de Eduardo Arana.
Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
¿QUÉ ES EL SIDH Y CUÁLES SON LOS PASOS PARA ABANDONAR SU COMPETENCIA?
El SIDH está compuesto por un conjunto de normas e instituciones que tienen la finalidad de asegurar la promoción y protección del derecho internacional de los derechos humanos en nuestra región.
El sistema fue creado en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se fundamenta en tres tratados o resoluciones: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Carta de la OEA (1948) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).
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En tanto, sus órganos principales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington (Estados Unidos), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ubicada en San José (Costa Rica).
¿Cuáles son los pasos a seguir para abandonar el sistema? En diálogo con Gestión, la exprocuradora supranacional de derechos humanos, Delia Muñoz, explicó que, en primer lugar, la presidenta debe pedir oficialmente al Parlamento que expidas las resoluciones legislativas que autoricen el retiro del país de dos tratados en concreto: la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre DD.HH.
“En el Congreso debe haber un debate y aprobación del pedido”, anotó.
Con la resolución aprobada, el Ejecutivo deberá acudir a la Secretaría General de la OEA para hacer entrega del documento; sin embargo, el Estado peruano deberá esperar dos años hasta que dicho organismo haga oficial su retiro de dicho tratado.
En el caso de la Convención Americana de DD.HH., la solicitud deberá ser remitida a la sede de la CIDH. Dicho organismo internacional hará oficial el retiro del Perú de su sistema en el plazo de 1 año.
“El SIDH está compuesto por una serie de protocolos y tratados; es decir, no es solo un tratado, es un universo de tratados, y cada uno de ellos tiene un plazo de salida (...) el retiro del Perú del sistema no será inmediato, porque las propias normas, tanto de la Carta de la OEA como de la Convención de DD.HH., así lo establecen”, puntualizó.
Desde el Congreso exigieron el retiro del Perú de las competencias de la Corte IDH. | Foto: Reuters
Muñoz añadió que en caso Boluarte decida finalmente retirar al Perú de las competencias del SIDH y envíe las resoluciones legislativas tanto a la OEA como la CIDH, el siguiente Gobierno puede revertir esa decisión.
“Siempre se puede retirar el pedido, previa aprobación del Congreso y volvemos a la situación anterior”, aseveró.
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Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, precisó que, en caso esta propuesta prospere, los más de 40 casos vinculados al Perú en la CIDH que están en ejecución de sentencia, así como aquellos que se encuentren en trámite, seguirían vigentes.
“Solo serviría para aquellos hechos que se produzcan dentro de un año; o sea, cuando ya no esté el Perú en ese sistema o bajo el manto de la Convención Americana (...) lo más probable es que el próximo Gobierno no mantenga esa decisión”, dijo a este diario.
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE UN POSIBLE RETIRO DEL SIDH?
En caso se apruebe el retiro del Perú del SIDH, Álvarez Miranda advirtió que la principal consecuencia se verá a nivel comercial, ya que muchos acuerdos suscritos con otros países se afectarían o no se renovarían.
“Aunque no nos guste, muchos convenios y acuerdos de carácter comercial y financiero están atados a cierta certificación por parte del SIDH y de la propia ONU, en cuanto al cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos. En ese caso, estos acuerdos y convenios peligrarían o simplemente no se renovarían al momento de su vencimiento”, advirtió.
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Agregó que otra consecuencia es que las instituciones públicas, como el Ejecutivo, Ministerios o Municipios, tendrán problemas para recibir financiamiento del extranjero a fin de llevar adelante sus proyectos.
La presidenta Dina Boluarte impulsó el debate de la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores de edad. (Foto: Presidencia)
“Las inversiones para la infraestructura podrían tener serios problemas (...) tenemos pendiente lo del ‘Tren de la Costa’, así como los ferrocarriles que permitan la distribución de carga para el Puerto de Chancay. O sea, tenemos retos bastante grandes en el mediano plazo y eso se vería indirectamente afectado”, acotó tras precisar que las instituciones no podrán solicitar préstamos de entidades, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como peligraría nuestro ingreso a la OCDE.
Finalmente, alertó que, a nivel internacional, la imagen del país sería afectada seriamente, por lo que cuestionó la propuesta impulsada por Arana.
“Esto es básicamente un anuncio político. Un guiño a las bancadas y congresistas que están solicitando medidas efectistas en cuanto a la situación política actual. Si se quiere abordar el tema, que sea a partir de julio del 2026; es decir, en el siguiente Gobierno”, puntualizó.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
