Tras las críticas recibidas, el Gobierno retrocedió e invitó al Ministerio Público a la mesa técnica sobre formalización minera, cuya segunda reunión se llevará a cabo este viernes 18 de julio, en Palacio de Gobierno.
Así lo informó el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza, tras precisar que un representante de su institución acudirá a dicho evento.
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“Debo informar que hoy día en horas de la tarde se nos ha cursado una comunicación para participar en la reunión del día viernes y hemos confirmado nuestra participación. El Ministerio Público va a participar, hemos sido invitados y bueno, hemos decidido participar y el día viernes estaremos en la mesa”, dijo la noche del último martes a RPP.
El fiscal superior añadió que en dicha reunión insistirán en la necesidad de que se modifiquen algunas normas que le ponen trabas a su labor. Por ejemplo, cuestionó la modificación de la Ley N° 30077 (sobre el crimen organizado), al considerar que es “limitante” ya que impide llevar a cabo técnicas de investigación contra este delito.
“Los delitos de minería ilegal no se pueden investigar bajo los alcances de la normatividad de crimen organizado. Se ha modificado la Ley 30077 y se ha levantado la valla a cinco años para que se pueda investigar un delito como crimen organizado”, advirtió.
“A partir de allí nosotros no podemos hacer interceptaciones telefónicas, entregas vigiladas, no podemos hacer técnicas especiales de investigación que siempre se hacen para establecer quién está detrás de una organización criminal”, agregó el fiscal.
En ese sentido, Almanza dijo esperar que el Congreso rectifique y corrija estar normas, así como lo hizo en el tema de la detención preliminar, donde dio marcha atrás.
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EL CUESTIONAMIENTO DE LA FISCALÍA Y LA RESPUESTA DEL EJECUTIVO
El último lunes, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su “preocupación” y “extrañeza” tras conocerse que la presidenta Dina Boluarte no convocó a su institución a la mesa de trabajo sobre la formalización minera, cuya primera reunión se llevó a cabo ese mismo día.
A través de un oficio, consideró que esa decisión “representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular”.
“Nuestra participación como órgano constitucional encargado de dirigir la investigación del delito y ejercer la acción penal, resulta coherente con la necesidad de asegurar que cualquier proceso de formalización minera se fundamente en la legalidad, la transparencia institucional y la sostenibilidad del Estado de derecho”, indicó Espinoza.
En respuesta, el premier Eduardo Arana negó que exista un conflicto entre el Ejecutivo y la Fiscalía. Según dijo, debido a la agenda que se manejó en la primera reunión “no era el momento adecuado” para invitar a la titular del Ministerio Público.
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