El segundo día de audiencias en el marco del juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022 estuvo marcado por la actuación del expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta una pena de 34 años de prisión efectiva por estos hechos.
Si ayer el exmandatario intentó dilatar el proceso judicial, esta mañana intentó retirarse de la sala de audiencias antes de tiempo; sin embargo, el juez supremo José Neyra Flores, quien preside la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, no se lo permitió.
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El magistrado le recordó al exmandatario que está obligado, por mandato de la ley, a participar en el juicio oral, siempre representado por un abogado.
“Usted está acá por imperio de la Constitución y la ley, y las personas que están comprendidas en un proceso tienen derechos y deberes que cumplir”, señaló.
Advirtió que cualquier procesado que se rehúse a participar en un juicio, será sometido a medidas de coerción, como lo establece la normativa penal.
“Si se retira, vamos a tener que disponer a que lo conduzcan a juicio, porque usted, además, está sujeto a una prisión preventiva”, acotó.
“Estoy acá contra mi voluntad”, le respondió Castillo al juez. Acto seguido, insistió en que no desea contar con un defensor público y reiteró su pedido para retirarse de la sala de audiencias.
En respuesta, Neyra le recordó nuevamente que por más que no quiera tener abogado particular, se le asignará un defensor público para que lo asista.
No contento con ello, el expresidente insultó a los fiscales a cargo del caso a calificarlos como “fiscales de Azángaro”, así como pidió a los abogados de la Procuraduría que “se pongan a trabajar”.
El presidente de la sala judicial lo exhortó a moderar su lenguaje. “Tiene que moderar su vocabulario, si no, no vamos a permitir que haga uso de la palabra”, advirtió.
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Rechazan cargos en su contra
Durante su intervención, el abogado del exministro del Interior, Willy Huerta, puso en tela de juicio la tesis fiscal en contra de su patrocinado, por que consideró que este debería ser absuelto.
“La imputación con la que hemos llegado al juicio oral es paupérrima, desastrosa y genérica”, acusó.
Por su parte, el defensor de la expremier Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, recordó que para que haya rebelión tiene que existir un alzamiento en armas, por lo que consideró que no hay delito en el caso de su clienta.
“¿Acaso hubo un disparo? No es posible que una sola persona cometa por sí sola un autogolpe sin apoyo armado. Hemos visto que el Comando Conjunto de las FF.AA. no mostró apoyo, es un hecho fáctico”, remarcó.
Además, denunció que el INPE trasladó a la también excongresista del penal de Chorrillos a Barbadillo en condiciones no adecuadas.
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“Se trata de no tener alimento, se trata de encadenarla en sus extremidades, se trata de ponerlo en lo que literalmente es una ‘perrera’, con el perdón de los canes. Una perrera es un vehículo de metal que solo tiene una banca de metal. Betssy Chávez tiene que padecer un trayecto encadenada en una caja metálica y sin cinturón de seguridad”, cuestionó.
Finalmente, el defensor público asignado a Castillo estimó que al final del juicio oral se llegará a la conclusión de que su patrocinado es inocente, por lo que solicitará su absolución.
Todos los coacusados negaron los cargos imputados por la Fiscalía. “Rechazo rotundamente, como rechazo este juicio está parcializado”, dijo Castillo.
El juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022 continuará el próximo martes 11 con la presentación de los primeros testigos de la Fiscalía.
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