Esta mañana, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema instaló el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y otros cinco coacusados en el marco del fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.
Esto, a pesar de las maniobras dilatorias de Castillo, quien anoche cambió a su abogado, Luis Medrano y designó a su exministro, Iber Maraví, como su nuevo defensor legal; sin embargo, al inicio de la audiencia rechazó participar en el proceso judicial.
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Durante sus alegatos de apertura, la fiscal adjunta suprema Galinka Meza enfatizó que este juicio oral no tiene precedentes en nuestra historia ya que Castillo “quebrantó el orden democrático y constitucional, pese a haber sido elegido presidente”.
En ese sentido, recalcó que en la planificación y ejecución del golpe de Estado tuvieron participación Chávez, así como Aníbal Torres, entonces jefe de asesores de la PCM. La fiscal añadió que el ministro del Interior, Willy Huerta, y los tres miembros de la PNP, Manuel Lozada, Jesús Venero y Ever Infanzón, también estuvieron involucrados.
Es más, agregó que Castillo, un día antes del golpe de Estado, pidió la renuncia del entonces comandante general del Ejército, Walter Córdova Alemán, a través del ministro de Defensa, Emilio Bobbio Rosas.
“Tenía en sus planes designar a otra persona afines a sus intereses para que pueda ejercer ese cargo de general del Ejército”, advirtió Meza.
Además del Córdova Alemán y Bobbio Rosas, la fiscal informó que durante el juicio oral participarán como testigos la exsecretaria del Mindef, Lina Sánchez, y el entonces viceministro del sector, Andrés Salas Jaén.
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Las reuniones previas al golpe y las intenciones de Castillo
De acuerdo con el relato de la representante del Ministerio Público, el exmandatario, Chávez y Torres se reunieron un día antes del golpe de Estado; es decir, el 6 de diciembre del 2022, para “coordinar el plan criminal y elaborar el mensaje a la Nación que debería ser leído al día siguiente”.
“Tendremos la concurrencia de testigos y el acta de visualización del registro fílmico del salón dorado de Palacio de Gobierno, que dan cuenta que los acusados ingresaron al despacho presidencial”, señaló Meza.
La Fiscalía acusa a Torres de haber redactado el mensaje a la Nación leído por Castillo el pasado 7 de diciembre. En ese sentido, la fiscal anunció que llevarán a un perito que explicará cómo fue encontrado ese documento, el mismo que fue creado el 6 de diciembre del 2022, a las 10:52 p.m.
En dicha hora estaban reunidos Castillo, Torres y Chávez, por lo que determinaron que los tres exfuncionarios estaban al tanto del discurso que iba a leer el primero.
Mesa también reveló que, minutos antes de dar su mensaje a la Nación el pasado 7 de diciembre, Castillo, junto Chávez y Torres, buscaban que los encargados del resguardo en Palacio de Gobierno retiraran las rejas de acceso a la Plaza de Armas.
Esto, con la finalidad de que ingresaran a dicha zona más de 300 personas, quienes eran simpatizantes del Gobierno.
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Tras leer sus argumentos, la representante de la Fiscalía ratificó su pedido de prisión efectiva de 34 años contra Castillo y su inhabilitación de 3 años y 6 meses. De igual manera, reiteró su pedido de 25 años de cárcel para Chávez y Huerta, así como la sanción contra Torres (15 años de prisión).
Por su parte, el representante de la Procuraduría General del Estado (PGE) reiteró su pedido para que Castillo, Chávez y los demás coacusados paguen, de forma solidaria, la suma de S/ 65′419,038.53 por concepto de reparación civil en caso sean sentenciados.
Dicho monto de dinero corresponde a los daños patrimoniales y extrapatrimoniales como consecuencia de los actos ilegales cometidos por el golpe de Estado.
Tras más de tres horas de audiencia, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema suspendió la audiencia de juicio oral hasta este jueves. En dicha sesión se escucharán los testimonios de las defensas legales de Castillo, Chávez y los demás coacusados.
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