En un anuncio que sorprendió a propios y extraños, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó el último domingo que desde el Gobierno de Dina Boluarte se está impulsando un proyecto de ley para que los medios de comunicación de manera obligatoria difundan, a través de una “franja informativa”, las acciones del Estado ante los estados de emergencia.
Como era de esperarse, esta noticia no cayó nada bien en los gremios de comunicación, que cuestionaron la propuesta del Ejecutivo.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) consideró que esta iniciativa del Ejecutivo representa una irrupción en los contenidos de los medios de comunicación “inaceptable en democracia”.
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“Lo que se pretende más que una franja informativa es establecer un bloque propagandístico de las acciones del Ejecutivo”, cuestionaron en un comunicado.
“Esto contraviene estándares internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de información y prohíben la injerencia gubernamental en los medios de comunicación”, agregaron.
A juicio del gremio periodístico, implementar dicha franja en los estados de emergencia es, en la práctica, establecerla de manera permanente, dado el “uso desmedido y poco planificado” de estos regímenes de excepción por parte de este Gobierno.
“Por dicha razón, las declaraciones del ministro (Eduardo) Arana revisten particular gravedad, ya que observamos un intento de controlar el contenido de los medios de comunicación”, recalcaron.
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Afecta la línea editorial de los medios de comunicación
Por su parte, el director ejecutivo del Consejo de Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, criticó la franja informativa propuesta por el Gobierno, al señalar que esta medida podría convertirse en propaganda estatal en lugar de un mecanismo de información transparente.
A su juicio, la inseguridad ciudadana es la principal preocupación de los peruanos, por lo que la ciudadanía busca acciones concretas y fiscalizables, no información impuesta sin posibilidad de cuestionamiento.
“Cuando se obliga a los medios a emitir un mensaje oficial sin capacidad de edición ni repreguntas, se genera una comunicación unidireccional sin fiscalización”, advirtió en Canal N.
Advirtió que la imposición de esta franja informativa afecta la línea editorial de los medios de comunicación y puede ser utilizada para mejorar la imagen del Gobierno, que tiene bajos niveles de aprobación.
“¿Qué nos asegura que este espacio no será utilizado para propaganda en lugar de información objetiva?”, se preguntó.
Además, Salazar recordó que el Gobierno ya cuenta con canales oficiales como TV Perú, Radio Nacional y sus redes sociales, por lo que no es necesario obligar a los medios privados a transmitir sus mensajes.
“Aprovecharse del miedo de la población para imponer una agenda en la prensa independiente es muy grave”, enfatizó.
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