Desde el Gobierno continúan con sus críticas al Ministerio Público y a los medios de comunicación.
Este domingo, el premier Gustavo Adrianzén recordó que el Ejecutivo respeta la independencia de poderes y la libertad de prensa; no obstante, lamentó que el Ministerio Público “cometa excesos” contra la presidenta Dina Boluarte o con los miembros del gabinete ministerial.
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También cuestionó que “domingo a domingo” un sector de la prensa arremeta también contra la jefa del Estado o algún ministro.
“Constitucionalmente, la presidenta personifica a la nación; sin embargo, algunos que no quieren darse cuenta de ello y la vapulean, incluso en su condición de mujer, tanto que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha expresado su protesta ante la falta de respeto mediante un comunicado”, indicó en una columna de opinión publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Según dijo, estas agresiones son intolerables y apuntan, desde una facción de la prensa y un grupo específico de la Fiscalía, a dar un “golpe blanco”.
“Quieren minar la institucionalidad desprestigiando a la presidenta. Buscan hilar una vacancia”, advirtió el titular de la PCM.
Pese a, según anotó, estos “excesos de la Fiscalía y un mal uso de la libertad de expresión e información”, reiteró que el Gobierno guarda un respeto irrestricto a los medios de comunicación.
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“Rechazo estas acciones políticas desestabilizadoras que reafirman una persecución judicial que merece un freno. Este acoso fiscal sistemático a la mandataria es inconstitucional e ilegal”, remarcó.
Dijo confiar en el TC ante demanda contra la Fiscalía
En otro momento, Adrianzén recordó que el Tribunal Constitucional (TC), al resolver la demanda competencial presentada por el Ejecutivo, definirá cuáles las únicas causales para investigar a la presidenta.
Frente a ello, consideró que el “Ministerio Público debería tener precaución” cuando formula denuncias contra Boluarte, al recordar que ella está protegida por el artículo 117 de la Constitución, que determinó los supuestos en los que un jefe de Estado puede ser acusado en funciones.
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“El correlato lógico es que solo por esos cuatro delitos pueda ser investigada. Y esas razones no se han cumplido en la realidad”, remarcó.
Finalmente, dijo confiar en la “sapiencia del TC” para sentar jurisprudencia en este tema y adoptar una posición firme.
“Pese a todo, hago votos para que prime el debido proceso y renuevo mi confianza en la imparcialidad de operadores de justicia alejados de sesgos políticos. El Perú no merece que estos sean marionetas de intereses oscuros”, aseveró.
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