
El Congreso de la República aprobó la inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza por un periodo de 10 años, tras acusarla de infringir la Constitución durante su mandado como fiscal de la Nación.
Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, manifestó su preocupación por los ataques contra la fiscal Espinoza Valenzuela, ya que suponen “una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país”.
Antes de debatirse en el Pleno la inhabilitación, Satterhwaite mostró su preocupación porque aún no se reponía a Delia Espinoza en el cargo.
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“El personal judicial no debería sufrir ni ser amenazado con enjuiciamiento o sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por cualquier acción realizada de conformidad con los deberes, normas y ética profesionales reconocidos”, sostuvo.

La relatora de la ONU insistió en que el personal judicial debe ejercer sus funciones “sin intimidación ni represalias”, por lo que instó a las autoridades peruanas a respetar los estándares internacionales.
Vale aclarar que Jorge Montoya (Honor y Democracia) reconoció que la suspensión de Espinoza Valenzuela responde a “su proceder de denunciar congresistas en el ejercicio de sus funciones” por ser “desproporcionado y beligerante”. “Es imperativo detenerla para que no siga ocupando un cargo público”, sostuvo.
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“La independencia judicial no es opcional, es la base de la democracia”, apuntó en X, tras conocer la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, a quien también se le abrirá una causa penal por delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones.








