
El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada Honor y Democracia, se pronunció sobre la actual crisis institucional en el Ministerio Público y cuestionó duramente el papel de la fiscal Delia Espinoza, a quien calificó como una funcionaria “vetada” para continuar ejerciendo, tanto en su calidad de fiscal suprema como de titular del organismo.
“El Ministerio Público necesita una reforma urgente. Las formas de hacerlo tendrían que analizarse técnicamente para no cometer errores, pero tal como está, no ofrece ninguna garantía”, señaló Montoya en declaraciones al programa Cuentas Claras, de Canal N.
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El parlamentario acusó a Delia Espinoza de estar actuando de forma arbitraria desde su cargo. Según indicó, en lugar de acatar la decisión de la Junta Nacional de Justicia, que dispuso su cambio de posición, optó por presentar denuncias contra todos sus integrantes. “Eso es lo más bajo que puede haber”, afirmó, y agregó que una fiscal debe mantenerse imparcial y aplicar la ley sin sesgos ni motivaciones personales, no utilizar su autoridad para tomar represalias contra quienes considera adversarios.
En ese sentido, Montoya consideró que Espinoza no debe continuar en el cargo. “Está vetada para continuar siendo fiscal, y fiscal suprema también. Yo la destituiría totalmente. No ofrece garantías, hace un mal uso de la Constitución, aprovecha las leyes en provecho propio y no le interesa a quién ataca ni las mentiras que dice para sustentar denuncias”, agregó.

Respecto a la situación de Patricia Benavides, Montoya indicó que debería ser repuesta. “Debería cumplirse la orden de la JNJ (que sea repuesta en su cargo). Es una orden ya dada, no hay nada que discutir. Si queremos que nuestra democracia sea más sólida, tenemos que respetar las decisiones institucionales”, afirmó.
Al ser consultado sobre una eventual intervención policial para sacar a Delia Espinoza, Montoya señaló que esa acción debió ejecutarse desde un inicio, ya que —dijo— las disposiciones de la JNJ, en tanto máxima autoridad en la materia, deben acatarse sin demora, pues ignorarlas podría generar un desorden institucional en el país.
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El congresista remarcó que es la Junta Nacional de Justicia la entidad encargada de aplicar eventuales sanciones en este tipo de casos. Señaló que sus decisiones deben ser obedecidas y que, de existir objeciones, estas deben canalizarse por la vía judicial. Además, cuestionó que se intente eludir la normativa alegando que la elección corresponde a los fiscales supremos, cuando —según afirmó— lo que se busca es restablecer una situación anterior tras una suspensión que ha sido declarada inválida.
“La JNJ es la que debe tomar las acciones sancionadoras. La Policía tiene que cumplir la orden que le den. Si le piden que la saquen de grado fuerza, lo tendrán que hacer. Lamentablemente, eso afecta la credibilidad del sistema”, concluyó.
