El vocero de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, presentó una denuncia por inconducta funcional muy grave contra cuatro exfiscales de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Los cuatro extitulares del Ministerio Público denunciados son Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena.
En su recurso, el legislador consideró que los cuatro denunciados no cumplieron con sus funciones establecidas en la Ley de Carrera Fiscal y cometieron “infracción muy grave”, por lo que solicitó que sean destituidos en sus cargos.
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Esto, debido a que no habrían tramitado de manera diligente la denuncia que presentó en el año 2019 la excongresista Yeni Vilcatoma contra el expresidente Martín Vizcarra, por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como ministro de Transportes en favor de la empresa Obrainsa.
El legislador cuestionó que los cinco fiscales hayan atrasado el trámite de dicha denuncia por más de cinco años, “comprometiendo la posibilidad de una sanción penal efectiva por riesgo de prescripción de los delitos denunciados”.
Precisamente, el delito de falsedad genérica, imputado a Vizcarra, tiene una pena de cuatro años de prisión. Si los hechos denunciados fueron cometidos en enero del 2019, la acción penal habría prescrito el mes pasado.
En el caso del delito de omisión de consignar declaraciones en documentos, la prescripción se produciría recién en octubre del 2027.
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“Este retraso ha permitido que se acerque la prescripción de los delitos denunciados, lo que genera un riesgo de impunidad”, advirtió.
Se habría favorecido a Vizcarra
En la parte final de su denuncia, Montoya consideró que habría existido un favorecimiento a Vizcarra.
“Esta lentitud en la tramitación de las denuncias a nivel del fiscal de la Nación en el Ministerio Público son fuente de impunidad y velado encubrimiento, dada la presunta afinidad política existente entre determinados personajes que se desempeñaron en dicho cargo y Vizcarra”, se lee en el documento.
Frente a ello, el parlamentario advirtió que su institución se puso en una difícil situación debido a que no contaría con el tiempo suficiente para realizar el trámite de antejuicio político en el caso concreto, dada la inminencia de la prescripción de uno de los delitos imputados a Vizcarra.
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