Tras ser excarcelada por una decisión del Tribunal Constitucional (TC), la expremier Betssy Chávez, quien hasta el último sábado permanecía internada en la Clínica Cayetano Heredia (San Martín de Porres), busca retornar al Congreso de la República como asesora.
Esto, a pesar de que se encuentra suspendida en sus funciones como congresista mientras dure el proceso judicial en su contra por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022, perpetrado por el expresidente Pedro Castillo.
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El último jueves, el legislador de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, anunció ante la prensa que busca contratar a Chávez como personal de confianza en el cargo de Asesor II (Nivel 8). Es más, en el documento presentado ante la Oficina de Recursos Humanos colocó como fecha inicial de sus labores el pasado viernes 5 de setiembre.
Al respecto, el presidente del Congreso, José Jerí, aseguró que legalmente no procede la contratación de Chávez como asesora en su institución. Recordó que la extitular de la PCM es una parlamentaria suspendida de sus funciones y que no tiene la condición de desaforada.
A su juicio, su posible contratación se trataría de un “tema político” y que Sánchez deberá explicar en su momento.
“En principio, legalmente no procede, porque ella es una congresista que está suspendida, no está desaforada. En consecuencia, no procede. Seguramente (es un tema político) y Roberto Sánchez tendrá que explicarlo, pero legal y procedimentalmente no corresponde”, dijo el último domingo a Punto Final.
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SE DARÁ PRIORIDAD A DENUNCIA CONTRA PEDRO CASTILLO
Respecto a la demora en la tramitación de una denuncia constitucional contra Castillo por el fallido golpe de Estado y que conllevaría a su inhabilitación, el legislador de Somos Perú estimó que ese tema se verá en las próximas semanas.
Si bien reconoció que hubo una demora en la revisión de dicha denuncia, recalcó que existe el “compromiso” de aprobar la sanción contra el exmandatario.
“Allí hay una demora que ha habido en diferentes mesas directivas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Desconozco cuáles son los motivos exactos, pero hay un compromiso firme (...) extraoficialmente he conversado con la presidenta de la subcomisión (Lady Camones) y va a darle el impulso correspondiente, sin que se vea como un tema de persecución que pueda argumentar el expresidente”, acotó.
Roberto Sánchez busca contratar a Betssy Chávez como su asesora en el Congreso, pese a que se encuentra suspendida en sus funciones. Foto: Roberto Sánchez.
APOYA SALIDA DE LA CORTE IDH, PERO DUDA SOBRE APLICACIÓN DE PENA DE MUERTE
En otro momento, Jerí mostró su apoyo a la propuesta de que el Perú se retire de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Explicó que las herramientas legales vigentes resultan insuficientes para enfrentar la escalada delictiva en el país, por lo que consideró que los límites internacionales restringen la capacidad de respuesta del Estado ante la criminalidad.
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Sin embargo, mostró sus dudas respecto a la viabilidad de aplicar la pena de muerte en el país. Admitió que sus convicciones religiosas repercuten en su evaluación del tema.
“Tengo consideraciones religiosas que me impiden tomar una decisión objetiva sobre la pena de muerte, pero, fuera de ello, considero que sí debemos retirarnos del Pacto de San José, soy partícipe de ello”, sostuvo.
Finalmente, informó que, desde su despacho, va a impulsar un proyecto de ley para modificar constitucionalmente el accionar durante las declaratorias de estado de emergencia, como respuesta al incremento de la inseguridad ciudadana.
Dicha propuesta ya fue comunicada durante la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el pasado viernes 26 de agosto.
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