Tras la promulgación de la ley que permite juzgar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años, la Defensoría del Pueblo anunció en un comunicado que presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para declarar la inconstitucionalidad de la norma.
Al respecto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, explicó que adoptarán esta postura al señalar que dicha ley es perjudicial para los derechos de los adolescentes del país y contraria al ordenamiento jurídico y jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia.
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“Nosotros, a la luz del artículo 55 de la Constitución Política del Perú, hemos incorporado la Convención del Niño (del año 89 y ratificada el año 90) en nuestra legislación nacional y, entonces, allí se establece con claridad que se considera niños hasta los 18 años, incluido, claro está, a los adolescentes en ese grupo etario”, indicó esta mañana en RPP.
“Como no podemos estar en una disputa de carácter técnico legal, lo que tenemos que hacer es rápidamente ir al TC y hago un llamado a la presidenta de este organismo (Luz Pacheco) y todos los miembros para que puedan agendar rápidamente este tema y discutirse a la brevedad”, añadió.
Gutiérrez advirtió que el impacto de la norma es sumamente grave y que nos pone en una condición de “paria jurídico” ante la comunidad internacional.
En ese sentido, recordó que las juezas y jueces están facultados para ejercer control difuso e inaplicar esta ley cuando resulte contraria a la Constitución o a los tratados internacionales, por lo que pidió a los magistrados adoptar esta postura.
“Si hay una colisión normativa, yo creo que el Poder Judicial va a tener que ejercitar el control difuso, priorizando, porque hay una colisión de normas. O sea, si ya la Convención es parte de nuestra Constitución, implica que tiene mayor jerarquía que la ley ordinaria que acaba de aprobarse. Entonces van a hacer un control difuso, probablemente, y a partir de ello inaplicar la norma que se ha emitido”, remarcó.
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CRITICA ROL DEL MINISTERIO DE LA MUJER
En otro momento, el titular de la Defensoría del Pueblo alertó que el Estado no está cumpliendo con su rol de velar preferentemente por los niños y adolescentes, tal como indica la Carta Magna.
“El artículo cuarto dice que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente. Eso es algo mandatorio. ¿Y cómo vas a protegerlo? Proteger haciendo que su estado de desprotección sea mínimo y el Estado tiene que tener presencia activa en todo ese proceso”, manifestó.
Frente a ello, recordó que esa tarea le corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el cual, según dijo, no ha hecho nada “en términos de prevención”.
“El ente rector para definir todo este trabajo es el Ministerio de la Mujer que, en este caso, no ha hecho nada. Y eso es una preocupación mayor porque por encima, digamos, del cargo, yo no voy a quedarme en el cargo para poder ratificar una norma que, evidentemente, es lesiva al interés superior del niño. El MIMP es el ente rector para velar por todos los niños y adolescentes”, refirió el también excongresista.
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