El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, respaldó el informe final que elaboró la comisión de Fiscalización del Congreso sobre el caso ‘Cirugías’ que, entre otras cosas, recomienda la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por una presunta incapacidad moral permanente.
En diálogo con radio Exitosa, recordó que esta es una facultad legítima del Parlamento y una expresión de la democracia en el país.
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“La Comisión de Fiscalización hace su trabajo y está bien. Es la labor que hace el Parlamento, sobre todo, porque sabemos que estamos en democracia y que los parlamentarios tienen la facultad constitucional para trabajar estos temas”, indicó el último miércoles.
Sin embargo, se mostró en contra de la vacancia de Boluarte al considerar que no le va a convenir a ningún partido político. Recordó que estamos a menos de un año de las elecciones generales, por lo que habría que analizar el actual contexto.
“Quieras o no, tenemos en este momento una estabilidad económica que está permitiendo lentamente recuperar el estadío perdido. Sin este ruido, podríamos crecer mucho más, pero estamos en un momento electoral en el que hay que sopesar el tema de la gobernanza y como generamos más puestos de trabajo para los peruanos y esta situación difícil”, manifestó.
Añadió que la institucionalidad es clave para garantizar el crecimiento y el fortalecimiento del país, al recalcar que desde 2013 se alertó que la debilidad de las instituciones podría convertirse en una amenaza para la estabilidad y para el logro del bienestar social.
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“RECOMENDACIONES DEL INFORME FINAL NO TIENEN VALOR”
Desde el Ejecutivo tienen una posición distinta a la de Gutiérrez. El premier Eduardo Arana enfatizó que muchas de las recomendaciones formuladas en el informe final están relacionadas con aspectos que, en la actualidad, “carece de objeto pronunciarse”.
“Por ejemplo, la recomendación de poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación estos hechos para que actúen tiene en la vía práctica un valor nulo, porque ya la Fiscalía presentó una denuncia (constitucional) sobre el caso”, indicó la tarde del último miércoles.
Además, recordó que la comisión de Fiscalización no tiene facultades del Pleno del Congreso para investigar el tema, por lo tanto, “sus recomendaciones no tienen valor en la esfera judicial, no son vinculantes”.
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